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miércoles, diciembre 03, 2008

Mario Alberto Mejía, Poeta y periodista, ex director editorial de Cambio, ahora Director de ElColumnista

En esto creo



Cambio he llegado tres ocasiones de mi vida, y no sería remoto que algún día renunciara a ElColumnista para regresar a Cambio. Ha sido mi casa durante muchos años.


Dejamos la pluma y tomamos un fusil. Cambio se convirtió en una guerrilla urbana; nos peleamos con políticos, con periodistas -con todos los sectores- y terminamos en una guerra salvaje, brutal, que culminó con la censura a La Quintacolumna Radio, y con un aislamiento del periódico.


Si en Puebla hay algo que me gusta, es la civilidad de los políticos. Yo pude haber escrito hoy en la mañana algo brutal contra “X” político pero, si me lo encuentro en un restaurante, me saluda como si nada hubiera pasado –ya con el tiempo te confiesan que sí se sintieron agraviados-.

Cambio se volvió el periódico incómodo. Asumir la tarea de informar lo que estaba ocurriendo en torno al caso Lydia Cacho fue bueno y fue malo; bueno, porque nos ganó lectores; malo, porque nos ganó enemigos muy poderosos. La prensa en general hizo un vacío sobre el tema.


Para mí no había una diferencia entre público y privado: una cosa era consecuencia de otra y con ese argumento me metí en las alcobas, croniqué los amores y las deslealtades de los políticos, combinadas con lo político.


Le tocamos los huevos a King Kong, y la sensación fue brutal, porque King Kong tenía con qué defenderse. Nos volvimos adictos a la adrenalina, y esa adrenalina nos la daba el ejercicio periodístico crítico; todos los días había tambores de guerra, todos los días me iba a dormir excitado -no podía dormir por tanta excitación, ya quería que amaneciera para estar en la radio y seguir en la guerra-. Todos los días había manotazos, todos los días había tensiones, todos los días había mensajes ominosos, llamadas de amigos que decían: “yo que tú, no salía en las noches”, “Yo que tú, me cuidaba”, “algo te puede pasar”, “puedes tener un accidente”.


Los excesos son buenos, en la medida que abren espacios para los lectores y los llevan a conocer información que de otra manera no conocerían pero, tarde o temprano los excesos te alcanzan y se te revierte. El “Niño Artillero”, Arturo Rueda, muchas veces se excede; soy su principal crítico -aunque, últimamente, sospechosamente ha madurado, ha cambiado de actitud pero, a Rueda le encanta incendiar los campos, los establos, le gusta crucificar vacas, cerdos, borregos, y ese baño de sangre lo puede terminar afectando.


Si sabes escribir ya la hiciste, porque lo más fácil después de escribir es reportear; hay gente que empieza reporteando pero no sabe escribir y nunca va a aprender. Es mejor tener las herramientas de la escritura.


No me arrepiento; ejercí libremente el periodismo hasta que quise ejercerlo, me extralimité hasta que quise y, no me quiero extralimitar más. Ya pagué mi cuota con los excesos: invadí esos territorios como tenía que invadirlos y no lo volvería a hacer; porque tocas, muchos intereses, afectas a muchas personas. Aprendí que meterse en territorios privados es peligroso, es riesgoso.


Los periodistas somos parte de la clase política, convivimos con ella, hablamos como ella, comemos como ella y, algunos roban como ella. Todos los periodistas somos políticos.


Puebla es mi remanso, mi ermita intelectual. Me gusta vivir en Puebla porque es una ciudad donde ocurren muchas cosas y tiene una intensa vida nocturna: yo vivo de noche, y siempre es bueno saber que a las tres de la mañana hay un lugar donde puedes ir a tomar un trago.


Donde mejor me muevo es en la crónica, gracias a la literatura, porque con la crónica puedo hacer lo que quiera, puedo contar detalles de un político, describir su gesto y al hacerlo estoy hablando más del político que si citara una declaración.


Nos embelesamos con la guerra; nos metimos de tal forma que terminamos distorsionando muchas cosas, y esta es una autocrítica: nos excedimos, nos pasamos de la raya, nos pasamos a la otra orilla.


No le temo a los políticos, no le temo a los narcos, le temo a la mirada de una mujer. Si algo me mata, me llena de zozobra, de temores y de delirios, es eso. Una mujer me devuelve a mi estado original, de irracionalidad y de desamparo, regreso al vientre materno.


Se está creando un nuevo tipo de periodista: el periodista constructor. Antes la gente nada más se dedicaba al periodismo, hoy hay quienes se dedican al periodismo y a la construcción: a la venta de insumos para papelería; el periodista empresario, el que invierte en peleas de box, el que invierte en espectáculos. El periodismo se ha diversificado, porque queremos que nuestros nietos no sean periodistas, sino constructores.


He aprendido a escribir con la cabeza fría. Antes escribía con una enorme vehemencia, con una enorme irresponsabilidad y con una enorme inmadurez. He madurado, hoy que regresé de mi guerra de Vietnam, no he vuelto a sentir ese vértigo; cuando lo siento, lo apago escribiendo un poema y luego me siento a escribir mi columna reveladora.


Lo bueno de ser periodista es que cuando dices “quiero publicar mi libro de poemas”, te llueven ofertas. Si nada más fuera poeta, te apuesto que ninguna editorial daría un quinto por publicarme.


Los periodistas somos un poco esquizoides: queremos acomodar la realidad a nuestra visión del mundo. La objetividad en el periodismo no existe: desde el momento en el que es un ser humano, con conflictos, con emociones, con tensiones, con amores y con pasiones, quien escribe una nota, desde ese momento, la subjetividad es la dueña de la información.


Con Prensa Negra me quisieron dar una sopa de mi propio chocolate: los temas que yo tocaba en mis columnas, me los quisieron recetar; mis excesos, me los quisieron regresar, para que viera lo que se sentía. El único problema es que lo hizo gente sin talento: el libro se caía por su propio peso, no tenía argumentos y el mismo día que lo dieron a conocer lo retiraron de las librerías.


Un buen columnista no debe dejar huellas de quien es su informante; desgraciadamente vemos muchas columnas con muchas huellas dactilares. Uno lee determinada columna diciendo “voy a ver qué está pensando tal político”. El columnista debe borrar las huellas del crimen y no terminar como secretaria del político en turno.


Terminé en muchas ocasiones, sin duda, como le ha pasado a muchos, escribiendo cosas que los políticos querían que yo escribiera. Con el tiempo te das cuenta de que el político que antes te pasaba información, ahora se la pasa a otro, porque tú te independizaste o dejaste de tenerlo como fuente. Hay políticos que se la pasan dictando columnas, que tienen esa afición, yo los he descubierto dictando dos o tres columnas al mismo tiempo, es un trabajo fascinante, un trabajo de antropólogo.


Ya sembré un árbol, ya escribí un libro y ya tuve un hijo, creo que nada me falta por hacer (risas).Me he encontrado con hijos de políticos que al paso de los años me han dicho: “Cuando tú escribiste sobre mi papá, quería salir a buscarte a la redacción con una pistola y matarte, porque ofendiste a mi padre”.
Yo me formé un poco como el perrito callejero: orinándose en las calles, aprendí a esquivar a los autos, a los trailers. Mis mejores maestros de periodismo han sido poetas, han sido escritores, pero también hay gente del periodismo a la que respeto, pero no como mis maestros.


Soy un advenedizo que viene de la poesía, y que vive del periodismo. Los poetas no pueden vivir de la poesía, la poesía no reditúa, no vende. Entonces, yo uso al periodismo para mantener mis vicios poéticos.


Estoy escribiendo un poema sobre lo que he sentido, lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que he pasado en estos últimos diez años. Es mi tránsito como persona, como periodista, como padre, como hijo, como amante. Es una especie de recuento.


Texto: Elisa Vega JiménezFotos: Tere Murillo / Ulises Ruiz

martes, agosto 19, 2008

Los “hechos aislados” del crimen organizado

EN PUEBLA DE ZARAGOZA O DE LOS ANGELES NO PASA NADA CABRONES, VIVIR EN PUEBLA, ES COMO VIVIR EN EL CIELO.




Tiempos de Nigromante de Arturo Rueda
artrueda@laquintacolumna.com.mx

2008 es el año de la inseguridad en Puebla. Hasta antes, el estado avanzaba a contracorriente del baño de sangre nacional. La operación del crimen organizado era subterránea gracias a la existencia de acuerdos capos-gobierno que nos convirtieron en una especia de oasis. Sí, un lugar de paso. También residencia para las familias de los grandes narcos. Algunos levantones en la Sierra Norte, especialmente en la conflictiva zona de La Ceiba. Sí, con mucho narcomenudeo bajo control. De pronto, algo se rompió.

Los pactos se rompieron y las barreras para evitar que los criminales operaran en la entidad se derrumbaron.

Sin embargo, para el gobierno marinista, 2008 no es el año de la inseguridad, sino el de los “hechos aislados”, el único discurso que conoce Mario Montero y el resto de los funcionarios encargados de la seguridad pública. Hechos aislados, que si se ven en conjunto, pintan un cuadro alarmante que Mario Marín se niega a ver o que sus subalternos no lo dejan ver.


Hagamos un recuento de los “hechos aislados”:



El secuestro del empresario Francisco Zorrilla Alanís, quien permaneció desaparecido seis meses, le cortaron el dedo meñique y que al ser liberado se fue de la entidad,


La detención del comandante de la PFP, Edilberto Camacho, asignado ala seguridad del Aeropuerto poblano, bajo los cargos de permitir el descenso de aeronaves cargadas de narcóticos.

Unos días después también fue relevado el destacamento militar asignado al resguardo del lugar.
La muerte del empresario Ricardo Ramírez en los separos de la PGJ a manos de los policías judiciales Edgar Contreras Chang y José Díaz Salinas mientras lo extorsionaban. Después de un mes de presión mediática, Blanca Laura Villeda abandonó el cargo.



Los nueve impactos de bala que recibió el vehículo del alcalde saliente de Izúcar, Filiberto Guevara. Hizo responsable al presidente entrante y que después sería conocido como el narcoalcalde, Rubén Gil.


El asesinato del diputado suplente del PAN por el distrito de Tecamachalco, José Alfredo Pérez Castro, quien, con un balazo en el tórax, llegó manejando su camioneta la Cruz Roja.


La detención en Estados Unidos de Raúl Gil Campos, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, bajo la acusación de transportar droga en su empresa de fletes. Sus padrinos políticos se desmarcaron, pero todavía habrá noticias porque juicio iniciará en septiembre y no se duda que hablará de su relación con políticos poblanos.


El cierre de operaciones de Casa de Cambio Puebla después de que la AFI detuvo a Pedro Alfonso Alatorre “El Piri” por lavar dinero para el Chapo Guzmán y comprar aeronaves para mover droga.


La balacera entre cinco judiciales poblanos y un comando de Zetas en Córdoba, Veracruz. El único agresor detenido salió caminando al otro día. Fuerzas especiales rescataron a los poblanos, pero el agente de placa 646 fue levantado y dos semanas después apareció muerto en Río Blanco.
La detención de una célula de sicarios del Cártel del Golfo en Oaxaca que se dedicaba al secuestro y utilizaba el corredor de Tehuacán para instalar sus casas de seguridad.



En la madrugada del 4 de abril un comando armando asaltó la caseta de peaje ubicada en San Martín. Mataron a un militar y se llevaron un millón de pesos, lo que provocó la remoción del general Enrique Jorge Alonso Garrido, quien sólo duró 4 meses al frente de la XXV zona militar.


El miércoles 29 de abril un comando con armas largas asaltó un camión de valores, llevándose 8 millones de pesos sin disparar un tiro. Las fuerzas de seguridad montaron un operativo de 150 elementos, aunque al final nadie fue detenido.



La detención de cinco miembros del Cártel de Sinaloa por ofrecer 10 mil dólares a los custodios del Aeropuerto de Huejotzingo para dejarlos bajar un avión cargado de cocaína.



La amable solicitud del gobernador a dueños y directores de medios de comunicación para bajarle al tema de la delincuencia ante la ola de violencia que ya azotaba al estado.


El Atlas Delictivo 1996-2007, realizado por el Icesi (Instituto Ciudadanos para el Estadio de la Inseguridad) ubica a Puebla como la quinta entidad más insegura del país, sólo por detrás del Estado de México, DF, Baja California, Chihuahua y Veracruz.



El narcoaterrizaje de emergencia en las inmediaciones de la laguna de Alchichica. La avioneta fue abandonada, aunque se encontraron armas de alto poder en su interior. Los militares se hicieron cargo del asunto.


El cateo que hizo la AFI y la PFP de una casa ubicada en el cluster 888 de Lomas de Angelópolis, en busca de un pez gordo que podría ser El Mayo Zambada. Desde entonces, al fraccionamiento de lujo se le conoce como Lomas de Narcópolis.



El hallazgo de dos ejecutados en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a unos minutos de Tehuacán, en el paraje conocido como la “falla geológica”. Después se supo que habían sido empresarios secuestrados en Oaxaca.



El secuestro de Karina Reyes, estudiante de la Upaep y sobrina del obispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios. Fue encontrada en los límites de Puebla y Veracruz, pero las autoridades de ambos estados se echaron la bolita y nunca se supo nada.



El empresario de origen sinaloense Martín Lizárraga Osuna fue ejecutado por dos sicarios tras ubicarlo viviendo en la casa de sus sobrinos en San Martín Texmelucan. Nadie fue detenido.



El secuestro en La Ceiba del empresario Héctor Paredes Valdéz cuando se encontraba en su billar. El levantón fue ejecutado por once sujetos vestidos con uniformes de la AFI.



Los pobladores de Tlapanalá detienen a un comando de presuntos Zetas que sí resultan serlo; casi los linchan y la policía estatal los rescata para traerlos a la capital.



Por último, el atentado contra el subprocurador Víctor Pérez Dorantes, en el que se dispararon 300 cartuchos de AK-47.

Tantos hechos aislados nos dicen dos cosas. Uno, que el crimen organizado ya vive en Puebla, y dos, que el 2008 no sólo es el año de la inseguridad, sino de la impunidad. Y eso que apenas vamos en la segunda quincena de agosto. A ver qué viene.


http://www.laquintacolumna.com.mx/2008/agosto/columnistas/colu_tiempos_190808.html

Cuando lleguemos a estar como Georgia en Osetia del Sur, con miles de muertos, a lo mejor, digo, quizás, haya una aceptación que las cosas ya se las está llevando la chingada, para eso, te aseguro, los primeros en huir serán los políticos.

viernes, julio 11, 2008

COSCORRÓN A MARIO MARIN DE PARTE DE TV AZTECA



AHORA RESULTA QUE TELEVISIÓN AZTECA "RECORDÓ" Y PUBLICÓ A NIVEL NACIONAL EL ASUNTO DE LYDIA CACHO, Y SOLO PARA DAR UN "COSCORRÓN" AL GOBER PRECIOSO PARA QUE LAS TRASMISIONES DE FUTBOL ESTÉN ASEGURADAS EN SU PINCHE TELEVISORA.








Como bien lo menciona Mario Alberto Mejía en su columna La Quintacolumna:



"Marín y el Zipizape en la Casa Lamm (o el Retorno Misterioso de Televisión Azteca) "



"...Pues bien: Televisión Azteca recordó el caso Marín-Cacho después de que durante mucho tiempo lo olvidó y lo tiró al basurero de la historia.

¿Cómo olvidarlo?


En los días aciagos del conflicto, Televisión Azteca enmudeció y enlató un par de entrevistas que le había hecho a Lydia Cacho, una vez que el tema no podía tocarse en ninguno de sus canales.


Y vaya que guardaron silencio.



De pronto, los paladines de la libertad de expresión recordaron que Mario Marín es un gobernador maloso y enviaron a Puebla al reportero Federico Anaya para que entrevistara a los “enemigos” del gobernador.


¿El fin?


Exhibirlo a nivel nacional en los más diversos temas: el de la obra pública, el de la transparencia y el del autoritarismo.


Lo curioso es que una vez armado el sesudo reportaje, éste tuvo que esperar mejores tiempos.


¿El motivo?



El zipizape protagonizado por los activistas en la Casa Lamm.


Y vaya que las dudas matan:


¿Cómo fue que los levantacejas de Azteca recuperaron la memoria después de tantos meses de haberla perdido?



¿Cuál es la intención del reportaje que sobre el gobierno de Marín preparó el reportero Federico Anaya?


¿Qué intereses de Salinas Pliego estás detrás de esta embestida?


La respuesta al parecer la dio el columnista Enrique Núñez, director de Intolerancia Diario, hace un par de días:“Desde el pasado fin de semana, un grupo de reporteros de Televisión Azteca México se ha encargado de elaborar, por encargo, una serie de reportajes en contra del gobierno de Mario Marín para el noticiero estelar, conducido por Javier Alatorre, de esa empresa televisiva.


“Los temas a seguir estarán relacionados con la multitudinaria fiesta de cumpleaños del gobernador, el proyecto de “La célula”, la construcción del centro expositor, de la ley de transparencia y la concesión a OHL de la carretera.



“Independientemente de la ‘investigación periodística’ existe una razón fundamental para orquestar esta campaña mediática.“El motivo, por absurdo que parezca, no es otro que el de la concesión de los derechos de televisión para la transmisión de los partidos del Puebla de la Franja, los cuales podrían ser otorgados a Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña.“Son tan grandes ($$$$$) los intereses al respecto que el magnate de los medios Ricardo Salinas Pliego no tuvo empacho en ordenar la campaña en contra de Marín."



http://www.laquintacolumna.com.mx/2008/julio/columnistas/colu_laquinta_110708.html







Con esta bola de culeros dueños de los medios de comunicación televisada, igual que los mas rascuaches informadores, solo viven para sus intereses personales, y ¿el pueblo y la justicia?

Sepa su puta madre, al fin que somos felices idiotizados con los programas de mayor éxito que son una basura, debido a la incultura ancestral.

miércoles, mayo 28, 2008

Revelar el patrimonio de Marín pondría en riesgo al estado: Deloya Cobián

AHORA RESULTA QUE SABER CUANTA LANA SE GUARDA EL MARRANIN PRODUCTO DEL ROBO Y SOBORNO, PRODUCE RIESGO DE ESTADO DE PUEBLA.

Por Ernesto Aroche Aguilar

martes, 27 de mayo de 2008

Mientras algunos gobernantes de extracción panista, como el mandatario de Morelos e incluso el ex presidente Vicente Fox aceptaron hacer pública su declaración patrimonial —con todas las limitantes que se conocen en ambos casos—, el gobierno del estado de Puebla considera que la divulgación de tal información podría poner en riesgo la estabilidad del estado.
A esa conclusión llegó la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina del gobernador, que encabeza el también secretario particular, Guillermo Deloya Cobián, en respuesta a una solicitud ciudadana para conocer la declaración patrimonial del actual mandatario estatal, Mario Marín Torres.

En la respuesta, que implicó siete hojas tamaño carta, el funcionario argumentó que la información sobre el patrimonio de cualquier persona es considerada como “datos personales” y está protegida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, situación que ya se preveía en la misma solicitud.

Mientras a nivel estatal poner al alcance de la ciudadanía datos sobre la evolución patrimonial del gobernador puede “potenciar el riesgo de un atentado, no sólo en el ámbito de la intimidad de su persona, incluso de su familia, su domicilio, sus papeles o posesiones, pero sobre todo lo que conlleva a la figura jurídico, política y administrativa que él (Mario Marín Torres) representa para nuestro estado”, a nivel federal el IFAI promueve hacer pública esta clase de información.

Una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determina “que en cuanto a los datos no patrimoniales contenidos en el rubro 'Datos Generales' de las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores públicos, únicamente tienen el carácter de confidenciales los datos correspondientes al domicilio, teléfono, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población de los servidores públicos, pues la divulgación de los otros datos no afecta el derecho a la privacidad de los servidores públicos”.

Sobre este tema, vale aclarar que cada funcionario obligado a rendir declaración patrimonial ante la Contraloría federal puede decidir si hace o no pública dicha información.
POR FAVOR, NO MAMES CABRON DELOYA, UTILIZA UN MEJOR ARGUMENTO, AUNQUE SEA DEL CHAPULÍN COLORADO.

lunes, noviembre 26, 2007

Determina Ministro que Marín violó garantías de Lydia Cacho

El Universal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión del dictamen sobre la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de puebla, Mario Marín, sin agotar el tema, que seguirá analizando en la sesión de mañana.

El dictamen, elaborado por el ministro Juan Silva Meza, establece que las autoridades de Puebla violaron los derechos de la periodista, que, de acuerdo con la exposición del ministro Genaro Góngora, fue víctima de tortura psicológica.

El ministro dio lectura a parte de las trascripciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador poblano y el empresario textilero Kamel Nacif que ponen en evidencia el acuerdo entre ambos para detener y dar una lección a la periodista.

La jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone este lunes a iniciar la discusión del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, y aunque el nuevo dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza propone señalar al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como responsable directo de la violación grave de las garantías individuales de la autora de libro Los demonios del Edén, por haber violentado los principios de federalismo y división de poderes, hasta este fin de semana el proyecto apenas alcanzaba el aval, en su totalidad, de dos ministros, revelaron funcionarios de primer nivel del máximo tribunal.
La quinta columna
Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación, desestimó el fallo que emitirá hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al escándalo Marín-Cacho al asegurar que aunque éste sea en contra del mandatario, Mario Marín seguirá gobernando hasta finalizar su periodo. El funcionario advirtió que la resolución final la tendrá el Congreso del estado —de mayoría priista—.

domingo, noviembre 04, 2007

Diario de una periodista perseguida [El Pais]

La camioneta Suburban blindada espera en el aeropuerto internacional de Cancún. Tres agentes federales -una mujer y dos hombres- me trasladan hasta un discreto restaurante del centro de la ciudad, donde espera Lydia Cacho (México DF, 1963). Los escoltas son el escudo protector de la periodista mexicana ante las temibles amenazas que recibe desde hace dos años. Hombres influyentes de la política y los negocios suspiran por acallar a esta mujer valiente, que se ha atrevido a denunciar una amplia red de pornografía infantil y lavado de dinero que compromete a destacados nombres de los círculos de poder. La cara más sórdida de Cancún, un polo turístico de referencia en México, ha salido a la luz gracias a Lydia Cacho. Su caso ha traspasado las fronteras de su país, y ha recibido el apoyo solidario de organizaciones de derechos humanos y de miles de intelectuales y artistas de todo el mundo.
Sus denuncias han sido silenciadas por los principales medios de comunicación
Edith fue la primera víctima en acusar al empresario libanés de violación desde los 13 años
"No han podido desaparecerme, pero han intentado destruirme públicamente"
En 2005 fue detenida sin orden judicial. La pesadilla duró 26 horas. Lydia temió por su vida
Decidieron darle un escarmiento: que fuera al pabellón de presas lesbianas para que la golpearan
No es habitual la imagen de una periodista rodeada de guardaespaldas, a pesar de los peligros que entraña esta profesión en muchos países. Ahí están los asesinatos del estadounidense Danny Pearl en Pakistán, cuando investigaba las redes de Al Qaeda, o de la reportera rusa Anna Politkovskaya, voz crítica con el presidente Vladímir Putin. Y las decenas de periodistas mexicanos muertos o desaparecidos sin mayor trascendencia para las autoridades y la opinión pública.
Lydia Cacho lleva tiempo en el ojo del huracán. Ha sido víctima de calumnias y amenazas, que se han traducido en demandas judiciales, una detención ilegal ordenada desde altas esferas y un atentado fallido. El fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos reconoce que las amenazas van en serio y pide a la periodista que no baje la guardia. Ésta es su respuesta: "Siento mi vida secuestrada por este reconocimiento público. Emocionalmente, me siento secuestrada. Es tremendo ir por la vida con tres federales que están pegados a ti todo el tiempo, sin poder hacer una llamada telefónica sin que se enteren de lo que estás hablando, sin tener un solo espacio tuyo. Para quienes han elegido vivir con escolta, como los políticos o famosos, es distinto. Reconozco que con el tiempo he desarrollado algunas herramientas personales para soportar esta situación, pero me cuesta mucho".
La periodista vive un dilema tremendo. Estar permanentemente en los medios de comunicación es un tormento, pero cuando su nombre deja de estar en el candelero hay que preocuparse. Y esto es lo que ocurre actualmente. Las puertas se han cerrado en las más importantes cadenas de televisión y emisoras de radio y en los diarios de mayor difusión. Lydia Cacho fue invitada al programa Reporte 13, de TV Azteca, que dirige Ricardo Rocha. Se grabó, pero no se emitió jamás. Los responsables del canal adujeron que conocían la historia de la periodista y que no era conveniente hablar de ella. Lo mismo sucedió en el espacio Shalalá, de Sabina Berman y Katia d'Artigues, en la misma cadena. "Tenemos su expediente", dijeron los jefes. Igual suerte corrió la entrevista que le hizo Fernanda Familiar para el canal de TV de Radio Imagen. Asimismo, el periodista Sergio Sarmiento comprometió una entrevista con Cacho cuando su programa en TV Azteca cumplió 10 años. "Yo tenía mis dudas y se lo comenté a su asistente. Al día siguiente me llamó para decirme que no había disponible ningún estudio de grabación. Insólito. Nunca me volvieron a llamar".
En Televisa, la cadena líder en México, Lydia Cacho apenas existe, salvo para dos o tres periodistas. El veto adquirió tintes groseros en la transmisión de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Cacho formaba parte del jurado, pero su imagen fue la única que no se vio en ningún momento.
Que no se hable del caso Lydia Cacho es un mal escenario, porque sus enemigos pueden sentir la tentación de actuar, amparados en la impunidad del olvido. Inmersa en esta contradicción irresoluble, Lydia ha decidido contar en voz alta toda su historia, desde el principio y en primera persona, en Memorias de una infamia (Random House Mondadori), que está a punto de ver la luz. "Escribo este libro para que no prevalezca, como es usual, la versión de los poderosos, de los que siempre ganan. No han podido desaparecerme, pero han intentado -y lo seguirán haciendo- destruirme públicamente", dice en la introducción.
El realizador mexicano Luis Mandoki, acostumbrado durante más de 10 años a las producciones de Hollywood como Atrapada, Mirada de ángel, Cuando un hombre ama a una mujer y Voces inocentes, ha decidido llevar al cine la historia de Lydia Cacho y está en conversaciones para involucrar en la producción a figuras como Jodie Foster y Angelina Jolie. El festival de documentales DOCS, que acaba de celebrarse en la Ciudad de México, proyectó Los demonios del edén, dirigido por Alejandra Islas y basado en el libro del mismo título que Cacho publicó en 2005 y desató el escándalo. Fue cuando los mexicanos se enteraron de la existencia de un tal Jean Succar Kuri, nacido en Líbano hace 63 años, que llegó a México de adolescente, presumiblemente de manera ilegal. De la mano de contactos influyentes -empresarios y políticos-, hizo buenos negocios como testaferro en Acapulco, y en el sector comercial y hotelero en Cancún.
Pero debajo del empresario de éxito se ocultaba una mentalidad perversa y endemoniada, con una debilidad por las niñas que acarician la pubertad. Es su otra cara, que extorsionaba sutilmente a hijas de gente conocida de Cancún, a las que ofrecía dinero a cambio de dejarse tocar y fotografiarse con él. "Muchos de los buenos amigos de Succar", escribe Lydia Cacho, "no saben que sus hijas, ya adultas y bien casadas, fueron víctimas del empresario libanés".
Durante más de dos décadas, Succar Kuri explotó sexualmente a casi un centenar de niños y niñas en la más absoluta impunidad. La Procuradoría General de la República (PGR) habló de una red de pornografía infantil relacionada con el crimen organizado. Pero las consideraciones de la fiscalía no preocupaban al pederasta, que presume de amistades poderosas, como José López Portillo, ex presidente de la República; Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, y Emilio Gamboa Patrón, actual jefe del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Edith Encalada fue la primera víctima en denunciar su violación por parte del empresario libanés desde los 13 años, y la de su hermana y su prima, de ocho y nueve, respectivamente. En su declaración aseguró que Kuri contactaba con niñas de Estados Unidos que ofrecía a sus compinches Kamel Nacif, empresario textil de origen libanés; Alejandro Góngora, que fue delegado de Migración y del Seguro Social en Cancún, y Yunes. El nombre de Gamboa, como protector político del empresario libanés, también figuraba en la denuncia de la muchacha.
Con la ayuda de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, Edith tendió una trampa a Succar Kuri y grabó una conversación comprometedora que los dos mantuvieron en el jardín de un restaurante del centro de Cancún. Los agentes de la fiscalía habían instalado una cámara oculta y sembrado el lugar de micrófonos con el propósito de obtener pruebas contundentes contra el hotelero libanés. Mordió el anzuelo. "Al escuchar ciertas frases perdí el aliento, el ácido subió por mi esófago, la boca se me secó de inmediato", recuerda Lydia Cacho en el libro. "¿Cómo pudo sentarse a grabar a su verdugo con semejante arrojo?". La víctima y el agresor estaban frente a frente. Con toda parsimonia y sin sospechar nada, el hombre contó así una de sus hazañas repugnantes:
Succar: "Lesly fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años. Lesly se bañaba conmigo, estuvo conmigo mucho tiempo, dormía semanas enteras conmigo y jamás le hice nada".
Edith: "Pero la besabas y la tocabas".
Succar: "¡Te estoy diciendo que eso está permitido! Porque ése es el riesgo de ir a casa de un pinche viejo que está solo, es parte del riesgo; los papás nada más decían: 'Me cuida a mi hija, me cuida a mi hija'. Eso está permitido. Por ejemplo, yo le digo a Lesly: 'A mí tráeme una de cuatro años', y si ella me dice: 'Ya está cogida', y yo veo si ya está cogida, veo si le meto la verga o no. Tú lo sabes que esto es mi vicio, es mi pendejada, y sé que es un delito y está prohibido, pero esto es más fácil, pues una niña chiquita no tiene defensa, pues la convences rápido y te la coges. Esto lo he hecho toda mi vida, a veces ellas me ponen trampas, porque se quieren quedar conmigo, porque tengo fama de ser un buen padre".
El material grabado acabó en manos de la fiscalía, que lo presentó a la prensa como parte de la investigación de una red de pornografía infantil. El escándalo fue de órdago. El pederasta huyó antes de que el juez dictara la orden de captura, y las víctimas sufrieron el acoso de los medios de comunicación y las amenazas de los agresores. "¡Yo no soy a quien deben juzgar!", suplicó Edith en una conferencia de prensa en la que compareció con la cara tapada.
Las muchachas se refugiaron en el Centro Integral de Atención a la Mujer de Cancún (CIAM), fundado por Lydia Cacho hace seis años para acoger a víctimas de la violencia. Claudia Fronjosá, coordinadora del equipo de psicólogos del CIAM, recuerda que las víctimas llegaron con un gran sentimiento de culpabilidad. "Todo era muy perverso. Succar les decía: 'Tú vienes aquí porque te gusta, nadie te obliga, eres una putita...'. Ellas sentían vergüenza, culpa y miedo por las amenazas. Era una situación muy difícil para aquellas niñas que venían de familias desintegradas, sin una clara presencia del padre".
La psicóloga explica que Edith quería acabar con el infierno que vivía con el pederasta libanés. "En el CIAM le dimos muchas opciones para recuperarse y rehacer su vida". Lydia Cacho le consiguió trabajo en un informativo de televisión en la Ciudad de México. Corría 2003 y la chica tenía 21 años. Aparentemente, todo iba bien. Pero los abogados de Succar Kuri y Kamel Nacif pasaron a la ofensiva a base de amenazas y chantajes a las jóvenes y a sus familias. Edith cayó de nuevo en la red. Inesperadamente, dejó todo y desapareció. En mayo de 2005 concedió una entrevista a la televisión mexicana desde su nueva residencia en Los Ángeles, en la que defendió al pederasta y criticó a Lydia Cacho. Una tras otra, las jóvenes que estuvieron atrapadas en la red de pornografía infantil se retractaron de sus declaraciones, retiraron las demandas o, simplemente, desaparecieron. El poder de la corrupción hizo estragos.
Succar Kuri fue detenido en Arizona a petición de la Interpol y acabó siendo extraditado a México, donde lo tiene difícil para esquivar una dura condena. Está preso en el penal de alta seguridad Altiplano, en Toluca. Sus amigos en el mundo de los negocios sucios y la política prepararon la represalia. El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho vivió la peor pesadilla de su vida. Duró 26 horas, pero dejó huellas difíciles de borrar. Por orden del gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, un dinosaurio del PRI, un grupo de diez policías poblanos detuvo sin orden judicial a la periodista frente a la sede del CIAM, en Cancún. La acción era a todas luces ilegal, ya que los agentes actuaban fuera de su jurisdicción. Además, ¿por qué una decena de policías para detener a una periodista, como si se tratara de la cabecilla de una banda de narcotraficantes?
La cosa no quedó ahí. La detenida fue secuestrada "legalmente" y trasladada en un convoy de tres vehículos a Puebla, en un viaje que duró 20 horas y recorrió 1.500 kilómetros repartidos entre cinco Estados de la República. "¿A qué hora me matarán?, ¿dónde tirarán mi cuerpo?", eran las preguntas que rondaban en la cabeza de Lydia. No le faltaban motivos. Los secuestradores convirtieron el viaje en una humillación y tortura psicológica interminables, con amenazas brutales, como colocar el cañón de una pistola en su boca. "Si toses, se dispara", gritaba el energúmeno. Llegó a dar por hecho que acabaría arrojada al mar al llegar a la ciudad de Champoton, en el Estado de Campeche.
La rápida respuesta de los colegas de la televisión, que difundieron la noticia de la detención cuando Lydia estaba de camino a Puebla, cambió los planes de los secuestradores, que recibieron la nueva orden por radio. "Es usted famosa. Ya salió en la tele". Estaba a salvo, pensó. El paso por el Reclusorio Oriente de Puebla fue la última etapa del calvario, en la que pretendieron encerrarla en una celda con las reclusas más violentas. La amenaza no se cumplió. La juez penal la interrogó a través de las rejas y en presencia de las cámaras de televisión. Tras la lectura de la acusación, la periodista no tenía ninguna duda de que Kamel Nacif y Succar Kuri estaban detrás del operativo policiaco.
No es habitual. El verdadero artífice de la detención ilegal de Lydia Cacho se descubrió semanas después cuando el diario La Jornada difundió las famosas conversaciones grabadas clandestinamente entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y su amigo Nacif, que le llama cariñosamente "mi gober precioso". Una expresión que se ha hecho famosa en México. El tono barriobajero del diálogo, las descalificaciones e insultos confirman que ambos decidieron dar un buen escarmiento a la periodista y quién sabe si pretendían llegar más lejos. Nacif expresó a uno de sus interlocutores, Hanna Juanito Naket, el deseo de que Lydia Cacho fuera al pabellón de presas lesbianas con el objetivo de que fuera golpeada y violada.
El "gober precioso" se convirtió en una de las figuras más desacreditadas de la política mexicana durante la campaña de las elecciones presidenciales de julio de 2006. La demanda de Lydia Cacho contra el caudillo de Puebla llegó hasta la Corte Suprema. Por primera vez, la acción de un particular contra un gobernador está en manos del más alto tribunal de México, que en un futuro próximo dictaminará si hay elementos para enjuiciar políticamente a Marín. Si así lo estima conveniente, el Congreso de la Nación tendrá que pronunciarse sobre la suspensión de la inmunidad del gobernador.
Lydia se daría por satisfecha con una votación afirmativa. "Tengo claro que no voy a sacrificar cuatro años de mi vida para un juicio penal contra Marín, porque no tengo dinero. He gastado casi tres millones de pesos (unos 260.000 dólares) desde que comenzaron los pleitos en gastos de abogados, billetes de avión, hoteles. Estoy hasta el cuello de deudas".
Los políticos, empresarios y nombres conocidos que están acusados de pertenecer a la red delictiva no son los únicos. Hay más. La periodista los conoce, pero de momento prefiere callar y no los menciona en su nuevo libro. "No quería que se convirtiera en la bala a utilizar por algunos políticos para atacarse y destruirse mutuamente. Me limité a contar lo que pasa. Explico que hay más vídeos en los que aparecen otros políticos. Le corresponde al Estado y a la PGR tomar cartas en el asunto. Ellos han visto los vídeos y tienen la lista de todos los involucrados. No soy policía".
La situación de los políticos denunciados por Lydia Cacho y que figuran en los sumarios de la fiscalía no invita al optimismo. Miguel Ángel Yunes, ex subsecretario de Seguridad Pública Federal, está al frente de la Seguridad Social en el Gobierno de Felipe Calderón. "Contra él pesan las acusaciones de la niñas y aparece en vídeos con menores. No tiene ninguna causa judicial abierta por este tema".
Emilio Gamboa Patrón, ex senador, es el líder del poderoso grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. No hay ninguna investigación ni proceso en su contra, a pesar de que aparece en una grabación con el gobernador Marín, en la que acuerdan una maniobra conjunta sobre la Ley del Juego. Abundan las acusaciones contra este político poderoso, especialmente por sus andanzas en Yucatán, su Estado natal.
Kamel Nacif, conocido en Puebla como el rey de la mezclilla, es, según Lydia Cacho, el capo di tutti capi. Pero no tiene abierto ningún proceso ante la justicia. "Es el empresario todopoderoso, que extorsiona a los gobernadores de Chiapas -'lo que tú quieras, papá', le dice éste-, Veracruz, Puebla y los antiguos caudillos de Quintana Roo y Guerrero, que negocia la entrega de un cheque con el obispo Chedraui, con el senador Gamboa...".
La periodista ha afrontado dos careos con Nacif, en los que éste profirió amenazas, ante la pasividad del juez. Lydia Cacho presentó una demanda penal contra el empresario por tentativa de violación en la cárcel, intento de homicidio en un atentado a su coche y por el contenido de las conversaciones telefónicas grabadas. La causa está paralizada. Es decir, no hay petición de pena por parte del fiscal, y a Nacif no le investiga nadie. Por el contrario, Lydia ha tenido que pasar por varias pruebas psicológicas por orden de la fiscalía. Incluso después del intento de atentado sufrido en mayo, cuando la camioneta en la que viajaba con sus escoltas perdió el control y el conductor tuvo que frenar en seco. Una llanta posterior estaba mal colocada porque había sido movida del eje y los tornillos estaban aflojados completamente. Los agentes federales confirmaron los peores temores. El propio fiscal antidrogas aconsejó a Lydia presentar la denuncia de inmediato. Varios meses después, la investigación estaba en punto cero cuando llegó una citación a la periodista para un examen psicológico. Se trataba de comprobar si se había inventado la historia del atentado, a pesar del testimonio de los escoltas.
Es una lucha desigual, de David contra Goliat. ¿En quién confiar después de tantos meses de lucha... "Instituciones, ninguna. Ni la PGR ni la Corte Suprema. El Congreso, menos. Y de los medios de comunicación, mejor no hablar". En medio de tanta soledad es difícil avizorar el final del túnel. "A veces sí lo veo, y cuando lo veo pienso que la única manera de parar todo esto sería que me mataran. Es decir, no está en mis manos. Otras veces pienso que llegará el día en que podré retomar mi vida. No sé qué realista es eso, no tengo ni idea".

http://www.elpais.com/articulo/paginas/Diario/periodista/perseguida/elpepusoceps/20071028elpepspag_10/Tes

viernes, agosto 17, 2007

SCJN: un paso adelante, dos atrás

Cesar Cansino
Hace apenas un mes saludaba en estas mismas páginas la resolución de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la querella interpuesta por la periodista Lydia Cacho en contra de diversas autoridades acusadas de violentar sus derechos humanos, pero sobre todo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el góber precioso.
Según dicha resolución la Comisión respectiva solicitaba al pleno de la SCJN emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al góber precioso por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista. Asimismo, se exhortaba a proceder penalmente contra otros posibles involucrados, como Kamel Nacif, y algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, por su supuesta complicidad y encubrimiento.


Sin embargo, un mes después, la SCJN resolvió sorpresivamente autolimitar sus propias facultades atendiendo a la ambigüedad del derecho constitucional mexicano, que en su artículo 97 constitucional faculta a la Corte tan sólo a describir los hechos y eventualmente señalar a los responsables de los acontecimientos que se le pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción contra ellos. Obviamente, con esta interpretación a la letra de la Constitución el primer beneficiado es el propio gobernador de Puebla porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político como lo propuso en su momento la comisión respectiva.


Por otra parte, cualquiera que sea el “fallo” de la SCJN sobre el caso Cacho o sobre los otros temas igualmente en examen por presuntas violaciones a los derechos humanos (Atenco y Oaxaca), entrará a un laberinto político sumamente complicado, pues no existen reglas jurídicas claras e inobjetables para proceder en casos de este tipo. En otras palabras, la decisión de la SCJN de autolimitar sus competencias no hace sino alimentar los vericuetos y las oscuridades de nuestro sistema de justicia, que al carecer de un árbitro visible y legítimo deja que asuntos que han lastimado a la ciudadanía como los excesos del góber precioso se resuelvan en los tiempos y en el terreno que conviene a los propios actores políticos atendiendo más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.


Se podrá insistir que en los tiempos que corren nadie puede estar por encima de la ley, lo cual es correcto y totalmente válido para entender la decisión de la SCJN. Sin embargo, da la casualidad que las facultades de la SCJN fueron diseñadas en el pasado en el marco de un esquema de subordinación al Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial ha venido adquiriendo un creciente protagonismo y centralidad en los años recientes es porque no existía otra instancia que pudiera mediar entre intereses contrapuestos en el contexto de una nueva pluralidad y competencia partidista.

Sin embargo, sus facultades siguen siendo limitadas por la propia ley vigente. Sin un duda, un tema crucial de la reforma del Estado, pues tal y como está la normatividad, pareciera que el país no cuenta con un árbitro para dirimir conflictos graves como el de la violación a los derechos humanos, que involucra a actores políticos, y deja el asunto a los propios protagonistas.


Obviamente, la decisión de la SCJN ha generado una sensación de impotencia y desencanto entre muchos mexicanos que esperábamos de esta instancia un fallo enérgico y contundente sobre el caso Cacho. Para muchos, la decisión de la SCJN vulnera la propia credibilidad de las instituciones de justicia en el país, y la posibilidad de que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el derecho.


La cauta actuación de la SCJN sobre este caso, aunque reconozca que se violentaron los derechos de la periodista Cacho, al no traducirse en recomendaciones precisas para proceder penalmente, se suma en los hechos a la pasividad y la negligencia de los otros poderes para actuar en consecuencia ante la evidencia de abusos de autoridad como el del góber precioso.

En efecto, cabe recordar que se recurrió a la última instancia legal del país —la Suprema Corte— para que se fijara un curso a seguir en este caso, dado que nadie quiso hacer nada antes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo y mucho menos el Congreso poblano. En el ínterin, dada la laxitud de la ley ante la impunidad, el góber precioso se la pasó comprando aliados y periodistas para intentar limpiar en parte su imagen pública tan deteriorada.


Como se sabe, el caso Marín nos mostró sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Quien quiera documentar el cinismo con el que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sobre todo priístas, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38355.html

Despues de todo esto, solo queda vomitarse ante el temor fundado de ser sujeto a una investigación judicial en Puebla, ya que tenemos tanta libertad como en Uganda.

lunes, agosto 13, 2007

“Prescribe”, juicio político a Marín

O SEA, YA VALIÓ MADRES TODOS LOS QUE ESPERÁBAMOS JUSTICIA.






Arturo Luna Silva
GARGANTA PROFUNDA

Al parecer, poco importa ya lo que decida –si es que algún día decide– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al horroroso caso Cacho.
Podría, incluso, ser jurídicamente irrelevante que a la postre termine declarando culpable a Mario Marín y, por consecuencia, dando vista al Congreso de la Unión para iniciarle un juicio político.
Y es que esta posibilidad, la del juicio político, de acuerdo con la Constitución Política de México, ya ha prescrito.
Sobre todo si se recuerda que fue hace más de un año (exactamente el 21 de marzo de 2006) cuando la Cámara de Diputados y el Senado pidieron a la SCJN investigar al gobernador de Puebla para saber su grado de participación en la acción concertada del poder local contra la periodista Lydia Cacho.
Pasó ya tanto tiempo, manosearon tanto el caso y se hicieron tantas bolas, que hacer “justicia” luce hoy imposible.
Dice el análisis de tipo jurídico que hace unos días llegó a manos del columnista y que, al revisarlo, varios expertos en derecho dieron por válido:El juicio político procede por actos u omisiones que redunden un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta voluntad y mediante (la) presentación de elementos de prueba, podrá formular la denuncia respectiva.
El artículo 14 de la Constitución Federal dice que el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
Dicho procedimiento se inicia en términos del artículo 109 Constitucional desde el momento en que se formula la denuncia, término que no queda sujeto a condición alguna.
En su artículo 5, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que regula el procedimiento del juicio político, establece que "el juicio se seguirá por violaciones graves a la Constitución general de la República y a las leyes federales que de ella emanan."El artículo 6 considera como violaciones graves aquellas que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Y el artículo 9 de la citada ley federal señala con precisión que las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento, cosa que en el caso Cacho sucedió hace ya casi año y medio, por lo que se puede afirmar que en términos constitucionales ha prescrito la posibilidad de llevar a juicio político a Mario Marín, aun cuando la Corte haga uso de sus facultades y así se lo recomiende al Congreso de la Unión.
No está por demás agregar que, por si fuera poco, debe observarse que el solo escrito de solicitud de juicio político no procede si con la denuncia no se acompañan los elementos probatorios.
Jamás se puede iniciar un juicio político con un solo oficio de petición, situación que aconteció tanto en el Congreso federal como local en el caso Puebla, razón por la que aparte del tiempo transcurrido no procede dicho juicio.

martes, julio 17, 2007

Marín: además de precioso, retobón

Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma 15 Jul. 07
El góber precioso, formado en la más oscura burocracia local, muestra su cinismo apoyado en las redes del peor priismo. Las quejas de sus gobernados las trata de ocultar con una costosa campaña de medios

El 28 de junio pasado el gobernador de Puebla, Mario Marín, festejó su cumpleaños número 53. Tenía un motivo especial de regocijo en su aniversario: dos días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había aplazado, tal vez para nunca, discutir el informe sobre su conducta en el caso de Lydia Cacho, que debería conducirlo a juicio político. Había surtido efecto su táctica de presionar al máximo tribunal. A su servicio, o al de los abogados de lujo que ha contratado, Fabián Aguinaco y Alonso Aguilar Zinser, alguien robó, compró, obtuvo del tribunal constitucional el informe que el martes 26 leería el ministro Juan Silva Meza, que sirvió para preparar y difundir un glosario de incongruencias ampliamente difundido por la Casa Aguayo, como se llama la de gobierno en Puebla, en muchos casos con cargo al voluminoso presupuesto de publicidad que el mandatario poblano necesita ejercer.

Pero poco el duró el júbilo al góber precioso. El miércoles siguiente, 4 de julio, una tragedia ensombreció de nuevo su panorama. No es que le hayan importado las 32 o más personas que murieron ese día en la Sierra Negra de su entidad, aplastadas por un descomunal deslave que arrojó toneladas de piedra y lodo sobre el autobús en que viajaban. El hecho en sí mismo pareció importarle poco, pues sólo estuvo 45 minutos en el lugar del suceso, los suficientes para exhibirse ante los medios de información, y ni siquiera tuvo una palabra de condolencia para los deudos de quienes yacían sepultados. Su preocupación debe haber surgido en las horas y días posteriores, cuando se puso de manifiesto que, lejos de tratarse de un accidente inevitable, la tragedia de Eloxochitlán se había generado a causa del mal gobierno que encabeza y cuyos procedimientos administrativos en torno de obras públicas fueron dados a conocer. Por eso tuvo que reforzar la campaña de propaganda que lo mantiene expuesto a la curiosidad pública, con altos costos, en los medios electrónicos e impresos no sólo de su entidad sino de la Ciudad de México. Nos enteramos así de sus pasos, cuando se ufana porque Puebla ha obtenido el primer lugar nacional en el Programa de Municipios Saludables, o cuando firma un convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su alma máter. Y no se diga el bombo que organizó después de intercambiar sonrisas con el presidente Calderón en una reunión en Los Pinos, al recibir premios de un acontecimiento deportivo.

Marín voló en helicóptero al lugar del siniestro, y tuvo que soportar la indignación de los familiares de las víctimas, y de las autoridades políticas locales, que esperaban el rescate de los cuerpos. En tono despótico, ajeno al dolor que lo circundaba, Marín espetó a sus interlocutores, cuando se imputaba a la negligencia gubernamental el derrumbe: ¡Qué, ¿acaso yo mandé el agua?!, refiriéndose a la abundante lluvia que reblandeció las alturas de la Sierra Negra. No fue su único retobo: cuando se le increpó por no haberse prevenido el deslave, dijo de mal modo que no hay quién pueda adivinar dónde se producirá un derrumbe, y desafió a quien lo interrogaba: A ver, dime, ¿quién? Como corresponde a una estructura jerárquica vertical, el fondo de la respuesta sería reproducido días más tarde por Víctor Manuel Sánchez, secretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del gobierno poblano, quien el 9 de julio "retó a reporteros en una conferencia de prensa a que le presenten a una persona que sepa predecir los derrumbes de montañas en carreteras" (Reforma, 10 de julio).

No sólo se pueden predecir, sino que la predicción se había hecho: "el director de eventos de la alcaldía de Eloxochitlán, Remberto González, había denunciado desde el 2005 a Rómulo Arredondo, secretario de Comunicaciones del gobierno poblano, los riesgos de desgajamientos en tres tramos de la carretera serrana que pasaba por la comunidad de Tlacotepec: 'Sin embargo, de parte del funcionario sólo hubo promesas, incluso hasta vino por acá el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Armenta, pero nadie hizo nada" (Henia Prado y Francisco Rivas, citados por Roberto Zamarripa, Reforma, 9 de julio). En ese mismo texto, Zamarripa cita a Donato Trujillo, consejero local de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas: "Yo le dije al señor gobernador que le dijimos al secretario de Comunicaciones, a la gente de Desarrollo Social y a otra gente de su gobierno que esta carretera estaba muy peligrosa por los deslaves. Le dije que tenía que haber prevenido el reforzamiento o haber hecho algo para que esto no sucediera, y me contestó muy enojado: '¡Tú dime cómo!'. Yo la verdad ya no le dije nada porque soy una persona educada, pero no son las respuestas que un señor como él debe decir, pero bueno, ése es nuestro gobernador".

Por su parte, el presidente municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Rigoberto Melo García, dijo que ya se esperaba una tragedia como la ocurrida hace 10 días, ya que "antes de pasar por la zona, algunos pobladores se bajaban del vehículo, miraban para ver si sobre el camino había rocas y si no las veían, pasaban rápidamente". Cuando Marín supo de lo dicho por el alcalde, lo denunció a su vez de no haber acudido al lugar de los hechos, "mientras que yo estuve más de dos horas; ese presidente quiere lucrar con el dolor humano: no me extraña, así actúan los de Acción Nacional".

Sólo después de esos reclamos el gobierno de Marín anunció que "se realizará un estudio geofísico en la Sierra Negra para garantizar tránsito seguro a las personas que viven en comunidades de la región", especialmente "en tres puntos vulnerables" en la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, de 22 kilómetros de longitud. Al dar cuenta de ese propósito, la Secretaría de Comunicaciones anunció que dispone de una partida de 5.5 millones de pesos para mantenimiento y conservación de ese tramo carretero.

Ése y otros tramos de la carretera donde se produjo la tragedia del 4 de julio son una muestra de la corrupción y desaprensión con que se asigna la obra pública en la Puebla de Marín. En un análisis específico sobre ese camino, la Auditoría Superior de la Federación encontró, en julio pasado, violaciones a la ley, pues se dividió en varios contratos la realización de la vía, para adjudicarlos, para que el costo de cada uno permitiera asignarlos de modo directo, sin licitación, aunque haya sido sólo uno el contratista, Esna Construcciones, cuyo propietario, Édgar Nava, es uno de los favoritos del gobierno local. El costo final de la obra llegó a 22 millones de pesos, siendo que el cálculo inicial lo había situado en exactamente la mitad.

Parte de esa obra, iniciada en el gobierno anterior, de Melquiades Morales, estaba a cargo de la empresa Anes, propiedad de Juan Carlos Anaya Estévez, a quien se le rescindió el contrato el 28 de marzo de 2005. Dos meses atrás había comenzado la administración de Marín y es probable que, conforme a una práctica inveterada, los funcionarios entrantes quisieran obtener provecho inmediato y buscaran un pago por refrendar el contrato. Acaso al no lograrlo traspasaron la asignación de las obras a Édgar Nava. Se trata, por cierto, del contrato de mayor monto asignado de modo directo, según una lista de 116 obras adjudicadas sin licitación, en que la empresa de Nava aparece varias veces (Blanca Patricia Galindo, El Universal, 12 de julio).

Nacido el 28 de junio de 1954 en Nativitas Cuautempan, Marín se formó en los usos de la más oscura burocracia local. A diferencia de la generalidad de los gobernadores que pasaron por el Congreso de la Unión o por cargos federales, el góber precioso hizo una carrera puramente local, en labores de covacha, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. Fue, por ejemplo, secretario particular de cinco secretarios de gobierno, antes de serlo él mismo durante la administración de Manuel Bartlett. Antes había sido también secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, alcalde de Puebla de 1987 a 1990, y quien ahora es presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, implicado abiertamente, según el informe de Silva Meza que la Suprema Corte es reticente a examinar, en la conspiración contra Lydia Cacho.

Síntesis y paradigma del peor priismo, en eso basa Marín su permanencia, en el dicho cínico de que perro no come carne de perro.

lunes, julio 09, 2007

Los diarios de hoy

Reforma
TOLVANERA
Sierra Negra
Roberto Zamarripa
9 Jul. 07

Refunfuñó Mario Marín en medio del lodo, del fango: "No hay en este planeta alguien que nos diga 'ese cerro no tarda en desprenderse, o el otro', si lo hubiera, estaríamos pendientes".

Así, descompuesto, inepto, respondía ante los reclamos de deudos de víctimas, periodistas, pobladores y funcionarios municipales. Estaba cerca del alud que sepultó a un camión repleto de indígenas y gente pobre de la Sierra Negra de Puebla con un saldo estimable de 60 muertos aunque únicamente se haya recuperado la mitad de ellos.

Señor Marín, sí hay en el planeta quien pueda decirle los daños que tienen los cerros, las laderas, las zonas pobres, las comunidades indígenas. No sólo en el planeta. En Puebla, donde se supone que gobierna.

Se lo dijo el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) al advertir las deficiencias de sus programas de protección civil. Lo recordó recientemente el ingeniero Vicente Nolasco, investigador de ese centro: "En 1999, de los cerca de 320 muertos reconocidos oficialmente (en desastres), 300 fueron producto de taludes que se le vinieron encima y el resto fueron ahogados" (La Jornada de Oriente, 6/07/07).

"¡Yo no mandé el agua!", fue el otro arrebato que espetó el góber precioso en medio de la otra tormenta, la de la desazón.

Claro que Marín no puede hacer lluvia. Tiene poderes, pero no tantos. Y los que tiene los usa mal, facciosamente, tenebrosamente.

Parece molestarle mucho ir a la sierra. No le gusta extender la mano, ayudar, atender, escuchar. No pudo -no quiso- estar más de 45 minutos en el lugar del siniestro en San Miguel Eloxochitlán. Eran muchos los murmullos, a veces convertidos en gritos, en reclamos. Paseaban la desesperanza y el coraje a su alrededor. La minada autoridad moral y política de Marín ya no da para tanto. Su sola presencia enerva a los ciudadanos.

No. Marín no aguanta eso. Puede escupirle a la ley si de violar garantías se trata. Y por eso puede despreciar el dolor de los otros, de los afectados por un accidente carretero, pero no puede darles la cara con la humildad de quien extiende la mano para ayudar, para reconfortar. No, ni eso puede.

El deslave en un tramo carretero de la Sierra Negra de Puebla pudo evitarse, como pueden evitarse decenas de tragedias en la compleja orografía mexicana, la que utilizan los campesinos o los indígenas para bajar de sus comunidades a las cabeceras donde hay servicios, oportunidades, ayudas y dádivas.

Como las víctimas del autobús 24, modelo 2003, de la línea Sierra Negra, sepultado por el alud, con labriegos que iban a Tehuacán a recoger sus cheques de Procampo.

Era evitable la tragedia con adecuadas supervisiones, con advertencias sobre las consecuencias negativas de la deforestación, con el reforzamiento de taludes, con la inversión en mantenimiento de los caminos.

Relataron Henia Prado y Francisco Rivas, reporteros de Reforma, que el director de eventos de la alcaldía de Eloxochitlán, Remberto González, había denunciado desde el 2005 a Rómulo Arredondo, secretario de Comunicaciones del gobierno poblano, los riesgos de desgajamientos en tres tramos de la carretera serrana que pasaba por la comunidad de Tlacotepec.

"Sin embargo, de parte del funcionario sólo hubo promesas, incluso hasta vino por acá el Secretario de Desarrollo Social (del estado), Alejandro Armenta, pero nadie hizo nada", dijo González.

La Jornada de Oriente, por su parte, consignó lo dicho por Donato Trujillo, consejero local de la Comisión de Pueblos Indios: "Yo le dije al señor gobernador que le dijimos al secretario de Comunicaciones, a la gente de Desarrollo Social y a otra gente de su gobierno que esta carretera estaba muy peligrosa por los deslaves. Le dije que tenía que haber prevenido el reforzamiento o haber hecho algo para que esto no sucediera y me contestó muy enojado: '¡Tú dime cómo!'. Yo la verdad ya no le dije nada porque soy una persona educada, porque no son las respuestas que un señor como él debe decir, ¡pero bueno, ése es nuestro gobernador!"

Marín puede contestar inmediatamente el teléfono a un empresario textilero que le ordena encarcelar a una periodista sin importar violaciones legales. Eso sí, raudo y presto.

¿Cuándo contestará el teléfono a un ciudadano de la sierra o al alcalde de San Miguel Eloxochitlán, o a los especialistas en protección civil, a los líderes indígenas para que le cuenten, sin ofrecimiento de cognac, los riesgos que corren sus comunidades?

No. Marín ya no gobierna, sino desgobierna. Hay tragedias naturales que provoca, cataliza o agrava la destrucción humana. Pero es peor cuando las empeoran los malos gobiernos.

(Y por cierto: ¿cuál fue la razón por la que ningún alto funcionario federal acudió a la zona de la tragedia? ¿No sabían cómo llegar? ¿Creían que Marín tenía todo bajo control?)


GACETA DEL ÁNGEL
Más balazos
Germán Dehesa
9 Jul. 07
Además de las consabidas idioteces, ¿podríamos esperar del Precioso Marín alguna declaración sensible y que asumiera su responsabilidad en el triste asunto del camión que desapareció bajo un alud?, ¿nos podría explicar Marín cómo hacen los caminos vecinales en el Estado que gobierna?, ¿nos podría contar cómo cuidan los taludes y si tienen alguna dependencia para dar la voz de alarma cuando alguno de éstos se va a desplomar?. De esto y de tantas cosas podría hablar Marín y no de su infantil transferencia de responsabilidades a la "desgracia", a lo "imprevisible" y a la "naturaleza".


LA CIUDAD Y EL CRIMEN
Puebla
Rafael Ruiz Harrell
9 Jul. 07

Al igual que en casi todo lo demás, el primer paso para resolver el problema de la criminalidad es conocer el monto de la dificultad. Si se quiere hacer un puente es necesario saber el vano que cubrirá y la carga que se espera que soporte. Se quiere curar una enfermedad hay que empezar por hacerle análisis al paciente para descubrir de qué malestar se trata, dónde está localizado y cuál es su gravedad. En el caso de la delincuencia es necesario contar con estadísticas confiables y tener mapas detallados de los lugares donde es más frecuente el crimen. Por ahí hay que empezar. No hay de otra.

Conscientes de que ese es el primer paso y sin él es imposible diseñar programas eficaces para abatir la delincuencia, criminólogos y estudiosos del crimen demandan de los gobiernos estadísticas limpias, transparentes y confiables. Vamos empezando por ahí, parecen decir: si tenemos sólido ese punto de partida podremos ir resolviendo los problemas delictivos y quizá algunos más.

Se sabe, por otra parte, que hay una clara asociación entre el mal gobierno y las malas estadísticas delictivas. Una administración corrupta, desordenada, dispuesta a proteger compadrazgos y a olvidarse de la ley según le convenga, difícilmente llevará cuentas claras en relación al crimen, por el contrario lo más probable es que tuerza las cifras, invente descensos que no ocurrieron y presuma de una seguridad pública que sólo existe en los informes anuales de los gobernantes. El hecho complica gravemente el problema porque, según parece, es imposible contar con estadísticas limpias si no se cuenta primero con un gobierno honesto y dispuesto a obedecer la ley. O lo que es igual: es imposible luchar para tener buenas estadísticas y a partir de ahí ir mejorando las cosas. Lo primero que debe hacerse es mejorar el gobierno, todo el gobierno, acabando con ilegalidades, fraudes y trapacerías para después ponerse a la tarea de contar con estadísticas delictivas serias y confiables.

PUEBLA

Lo que obliga a alterar el proceso es precisamente el mal gobierno, ya que para ocultar sus malos manejos y sus negocios sucios, una de las primeras cosas que hace es alterar las estadísticas delictivas. El Estado de Puebla es uno de los ejemplos recientes.

Sería de una infantil inocencia atreverse a creer, por ejemplo, que un gobernador de la calaña de Mario Marín Torres -el "góber precioso"-, capaz de secuestrar y torturar a una periodista, Lydia Cacho, para defender a un pederasta con el que tiene negocios oscuros, lleva en su entidad unas estadísticas delictivas impecables. O que la procuradora que violó la ley, Blanca Laura Villena, para cumplir los caprichos del gobernador, hace otro tanto.

Como indica al sentido común, lo que sucede es precisamente a la inversa y de ello tenemos pruebas fehacientes. No bien llegó al poder en 2005, Marín Torres dio instrucciones para que la delincuencia registrada por la Procuraduría disminuyera en 45 por ciento. Disminuyera en números, claro, no porque la policía fuera más eficaz o los agentes del ministerio público más diligentes en la investigación de los crímenes. Se trataba simplemente de corregir números, no de mejorar la realidad.

Así, en mayo de ese año se registraron 5 mil 735 delitos de todos tipos. En junio fueron 5 mil 612, pero las cifras oficiales sólo dijeron 4 mil 312. Julio fue peor: según las autoridades sólo hubo 3 mil 681 delitos. Los registros internos de la institución muestran 5 mil 337. Para ofrecer los totales: según Marín y su mafia en 2005 Puebla padeció 55 mil 918 delitos, aunque los registros internos muestran un total de 68 mil 231. El año de 2006 es peor: oficialmente hubo 49 mil 576, en la realidad fueron 71 mil 884. La realidad supera a la mentira en 45 por ciento.

CONCLUSIONES

Reiteramos lo dicho en líneas anteriores: es inútil pedirle a una autoridad corrupta, torcida, ilegal, que lleve buenas estadísticas delictivas. El proceso es necesariamente a la inversa: es necesario, primero deshacerse de las malas autoridades para luego tener estadísticas decentes. No tendremos la certeza de lo que pasa en Puebla mientras el "góber precioso" y su cohorte de pillos y pillas sigan estando en el gobierno. Sabremos qué pasa en Puebla cuando la gobierne gente limpia y honesta.

No estaría de más que la SSP federal revisara también sus cifras porque hasta ahora ha sido tan torpe e ineficaz, que sus estadísticas locales no tienen ni pies ni cabeza y están peor que nunca antes.

Marín ignoró alerta en 2006 sobre carretera
Salvador García Soto
El Universal

Lunes 09 de julio de 2007

Documentos "reservados", de los cuales EL UNIVERSAL tiene copia, señalan que el gobierno de Mario Marín fue advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de graves irregularidades detectadas en el tramo carretero de Alcomunga-Eloxochitlán

El alud del cerro que se desgajó en la carretera Eloxochitlán, Puebla y sepultó a 32 personas, puso al descubierto una historia de negligencia que sepulta también la versión del gobernador del estado, Mario Marín, de que "con las lluvias no podemos hacer nada".

Dependencias y funcionarios del gobierno de Puebla, que construyeron y abrieron una carretera mal trazada, deficientemente planeada y que desde sus inicios, en 2002, presentó problemas de deslaves, derrumbes, retrasos y cancelaciones, protagonizan la historia detrás de esa tragedia que conmocionó al país.

Documentos "reservados", de los cuales EL UNIVERSAL tiene copia, señalan que el gobierno de Mario Marín fue advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de graves irregularidades detectadas en el tramo carretero de Alcomunga-Eloxochitlán, donde murieron sepultadas 32 personas, en su mayoría jóvenes. Se le dijo que la obra, inaugurada hace menos de tres años, presentaba "una deficiente planeación" y que la supervisión de los trabajos de construcción careció de control.

En lugar de aplicar medidas correctivas a la obra y de ordenar una revisión de las condiciones técnicas, el gobierno de Mario Marín, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo, y de su contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, contestó a los auditores federales con justificaciones y negó las fallas de planeación y supervisión; incluso, defendió a los funcionarios a los que la Auditoría Superior calificó como "presuntos responsables" de violaciones a la ley.

Así, la carretera iniciada en el sexenio de Melquiades Morales —antecesor de Mario Marín—, pero terminada e inaugurada en el de este último, siguió funcionando, aun cuando en su revisión, los auditores federales concluyeron que hubo "una deficiente planeación… al no considerar las características ambientales, climáticas y geográficas de la región, donde se realizó la obra, y acusaron que la supervisión en el desarrollo de los trabajos de la obra no fue la óptima.

En su revisión de la Cuenta Pública 2004 del gobierno de Puebla, el auditor especial de la ASF, Víctor Manuel Portal, recomienda aplicar "sanciones administrativas" a dos funcionarios del gobierno poblano que tuvieron a su cargo esa obra: José Rogelio Vergara, director de Infraestructura de la SCT estatal en el gobierno de Melquiades Morales, y Vicente Lozano Martínez, residente de Construcción, de la misma dependencia, y quien continúa laborando en el gobierno de Mario Marín.

Sabían de los deslaves

Desde el inicio de su construcción, en mayo de 2002, el pequeño tramo carretero Alcomunga-Eloxochitlán, de sólo 15 kilómetros, mostró irregularidades documentadas en oficios e informes oficiales.

De hecho, la "auditoría especial" de la ASF, donde se concluyen las irregularidades y se pide sancionar a funcionarios responsables, fue clasificada como "información confidencial" por la Coordinación General Jurídica del gobierno de Mario Marín.

La falta de estudios sobre las condiciones del terreno donde se construyó la carretera hizo que en la obra se presentaran constantes derrumbes, deslaves y desgajamientos de cerros. El 19 de noviembre de 2002, la constructora Anes, de Melecio Limón Herrera, se declaró en incapacidad para terminar la obra en el plazo previsto, diciembre de ese año.

El constructor argumentó que la SCT estatal le modificó totalmente el proyecto y el trazo de la obra, y no podía cumplir el contrato.

Las condiciones climáticas y ambientales no consideradas por los técnicos del gobierno poblano, sumados al mal trazo de la carretera que ocasionó protestas de vecinos de poblaciones rurales porque la carretera estaba lejos de sus pueblos, hicieron que la obra, programada para terminarse en seis meses, se alargara a más de dos años; el costo se duplicó.

No conocen el terreno

La misma SCT de Puebla, en un oficio firmado por José Manuel Hernández Téllez, encargado del despacho de la Subsecretaría, reconoció en septiembre de 2005 que no se estudió bien el terreno antes de adjudicar y ordenar la obra.

"Se presentaron características físicas del terreno no previsibles como materiales inestables que provocaron gran número de derrumbes y deslaves a lo largo del tramo…. Por las características climatológicas de la zona y las situaciones que se venían presentando y que constantemente interrumpían la continuidad de los trabajos, fue necesario que esta dependencia realizara una serie de estudios que permitieran conocer (sic) el estado real de las características físicas, así como de la topografía del terreno para así emitir un dictamen técnico que reflejara las causas y soluciones".

El "dictamen técnico" se inició cuando la obra llevaba seis meses de iniciada. Empezaron los problemas y mientras el gobierno estatal demandaba a la constructora original, ésta denunciaba sobornos y extorsiones de funcionarios poblanos. ( Mañana: Sobornos y extorsiones)




Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
El Universal

Lunes 09 de julio de 2007

Más mentiras de Marín

Sentado en el banquillo de los acusados por la Suprema Corte, que mantiene en suspenso su fallo sobre la violación de garantías individuales, Mario Marín, el afamado gober precioso, tiene ahora encima la responsabilidad de explicar por qué su gobierno no actuó y corrigió las fallas en laconstrucción de la carretera Alcomunga-Eloxochitlán, donde la semana pasada murieron 32 personas, en su mayoría jóvenes, por el desgajamiento de un cerro que aplastó el camión donde viajaban y los sepultó vivos.

Detrás de esa tragedia que conmocionó al país, se empieza a descubrir una historia de negligencia y corrupción que puede terminar por aplastar también la ya desprestigiada figura de Marín, un político al que muchos creyeron un cadáver, pero que sigue deambulando y hasta es recibido y premiado en Los Pinos por el presidente Felipe Calderón.

Cuando respondió molesto a los familiares de los poblanos aplastados por aquel cerro y casi les dijo que él no era Tláloc —a pesar de su parecido con la efigie del dios mexica—, el gobernador poblano conocía muy bien la existencia de documentos de la Auditoría Superior de la Federación que, desde hace más de un año, le informaron que en la construcción de esa carretera hubo "una deficiente planeación" y problemas de falta de control y calidad en la supervisión de las obras. "No podemos hacer nada con las lluvias", les contestó casi con el rostro descompuesto Marín a los deudos que exigían investigar si aquella tragedia sólo era producto de una contingencia natural o si había algún tipo de negligencia humana de por medio. El gobernador sabía que tanto su secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Salvador Arredondo, como su secretario de Desarrollo Administrativo (contralor), Víctor Manuel Sánchez, conocían del resultado de la auditoría especial realizada por la ASF a ese tramo carretero que se inició en el gobierno de su antecesor, Melquiades Morales, pero se terminó y se puso en funcionamiento en su administración.

Tal vez Marín le echó toda la culpa a las lluvias y a la impredictibilidad de la naturaleza, porque confiaba en que ya su contralor, Sánchez Ruiz, se aseguró que la Coordinación Jurídica de su dependencia clasificara como información reservada el informe de la Auditoría Superior, que señala las irregularidades en la construcción de la carretera y se recomienda sancionar a dos funcionarios estatales que participaron en la obra.

Ni sancionó a los funcionarios ni se molestó en investigar el impacto de la "deficiente planeación" o las fallas en la supervisión detectadas por los auditores federales. En vez de eso, prefirió culpar a la furia de la naturaleza como única responsables de la tragedia que enlutó a 32 familias de su estado.

Al final, Mario Marín no hace más que reproducir el mismo patrón que asqueó y escandalizó a los mexicanos cuando mostró su verdadero rostro en aquella conversación con el empresario Kamel Naciff. Si aquella vez le llamó papá y se dejó llamar héroe y gober precioso por el polémico personaje, al que ofrecía "darle un coscorrón a esa pinche vieja" (la periodista Lydia Cacho), ahora es el mismo cinismo y la inmoralidad con la que les dice a los deudos de los infortunados poblanos, que todo es obra de las malditas lluvias. Total, hace mucho dejó de tener conciencia y celebra y brinda con bellísimas botellas de cognac.

lunes, junio 25, 2007

PRI: 3 tristes gobernadores

Por Tartufo:

Jorge Zepeda Patterson
El PRI sabe que la reforma fiscal, que eventualmente evitará el colapso financiero del gobierno, depende de su voto. La adhesión de los diputados y senadores del tricolor le ofrecería al PAN no sólo la mayoría relativa, sino también dos tercios del Congreso para introducir reformas en la Constitución (aunados, claro, a los votos que controla Gordillo). Por el contrario, sin los votos del PRI, la reforma de Calderón está condenada a la muerte.

La pregunta que las y los mexicanos nos hacemos es: ¿qué va a exigir el PRI a cambio de su venia en la negociación con el gobierno? La respuesta que muchos intuimos es terrible: sostener contra viento y marea a dos gobernadores delincuentes (Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla) y a un aspirante a serlo (Jorge Hank, en Baja California). Los dos primeros están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia y el veredicto de los ministros eventualmente podría provocar su caída.

Beatriz Paredes no ha dejado duda de que su partido hará lo necesario para defenderlos. El diputado priista Carlos Chaurand, presidente de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, manifestó el viernes pasado que la advertencia de que podría haber un juicio político contra los mandatarios Mario Marín y Ulises Ruiz, no propicia los acuerdos.
"Habemos compañeros que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por ir adelante en la reforma fiscal, pero atacándonos lo vemos difícil. Lo cual no debería ser motivo para que se detenga la reforma, pero no soy ingenuo de que todos estos ingredientes la detienen". En otras palabras, una amenaza velada muy próxima a la extorsión política: exoneración de Marín y de Ulises a cambio de la reforma.

Beatriz Paredes incluso afirmó que la Suprema Corte podría estarse excediendo al meterse en asuntos políticos. Curiosa interpretación de la política, como una especie de "cosa nostra" y patrimonio absoluto de los funcionarios; como si la política fuese una dimensión ajena a las leyes.
El viernes pasado, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, fue mucho más lejos: propuso que en la próxima reforma del Estado se ponga un alto a las atribuciones de la Suprema Corte para investigar la violación de los derechos humanos. Gamboa Patrón, coordinador de los diputados, apoyó a su colega y aseguró que veía conveniente "la revisión de la estructura y el funcionamiento del poder judicial". Los líderes priistas no consideran que exista un daño a la sociedad con gobernadores y autoridades que violan la ley; el problema, para ellos, es que haya tribunales que llamen a cuenta a esos gobernadores delincuentes. Solución: eliminar los tribunales (no las prácticas delictivas).

Llama la atención la involución de Beatriz Paredes, que durante mucho tiempo mantuvo la imagen de priísta moderna, feminista y con sensibilidad social. Su único problema es que ahora es presidenta del PRI. El poder tiene la extraña capacidad de deslavar a las personas de toda consideración ética. El poder "desmoraliza" actos y convicciones. En la investigación de los ministros a Ulises Ruiz, el PRI no ve a un mandatario que se excedió en la represión y ha generado una situación de ingobernabilidad crónica en Oaxaca, por no hablar de los 20 muertos que dejó tendidos en la calle. El PRI simplemente ve una maquinación política en su contra, porque es incapaz de concebir toda consideración ética, legal o de justicia social.

El caso del góber precioso en Puebla no se queda atrás. Para los priístas, todo el escándalo no fue sino una maniobra electoral para hacerles perder votos en Puebla. Es una noción insostenible, pero no debe subestimarse el poder de la autonegación. Siete meses antes de la elección, Marín decidió usar la justicia poblana para darle un escarmiento a Lydia Cacho, a petición de su amigo Kamel Nacif, protector del pederasta Succar Kuri. Marín se metió solito en el entuerto. En Los demonios del Edén, el libro de Cacho sobre el pederasta y las víctimas, nunca se menciona al góber precioso, ni se habla de Puebla. El 14 de febrero del 2006, cinco meses antes de la elección se hicieron públicas las conversaciones de Kamel con Marín y otros personajes, para violar y torturar a Lydia Cacho. No había necesidad de maquinación política para que el PRI perdiera votos luego de que los diálogos de Marín le dieran la vuelta al mundo.

Otros priístas han afirmado que Marín simplemente ha sido víctima de una especie de protagonismo de parte de la periodista Lydia Cacho. Se les olvida que a todo lo largo de 2006, antes, durante y después de las elecciones, Lydia estuvo sujeta a un auto de formal prisión dictado por una juez de Puebla, bajo un procesamiento plagado de arbitrariedades que hacían imposible su defensa jurídica. Testigos y pruebas desaparecían de expedientes y sus dos primeros abogados fueron amedrentados para abandonar su defensa. Su única salida para evitar terminar en la cárcel era denunciar el atropello ante la opinión pública. Por lo demás, la reiteración de amenazas de muerte dejaba claro que su mejor defensa era asegurarse de elevar la factura política para los hombres de poder que querían desaparecerla.

Si las instancias democráticas funcionaran para deponer a gobernadores delincuentes, la Suprema Corte no tendría que ventilar estos asuntos. Mientras tanto es lo único que tenemos. La Suprema Corte es la garante última de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos ante los poderosos. René Delgado lo dejó asentado en su artículo este sábado. "Si el precio de la reforma fiscal es ratificar la subcultura de la impunidad, la arbitrariedad y el cinismo, vale la pena pagarlo. Pueden los pricapiedra pretender mezclar los dos asuntos [reforma fiscal vs. enjuiciamiento de gobernadores] y chantajear con ello al Presidente e insistir en que el estado de derecho es un factor prescindible en nuestra democracia defectuosa, [eso] sólo hará más defectuosa a nuestra democracia".

Economista y sociólogo

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