viernes, agosto 17, 2007

SCJN: un paso adelante, dos atrás

Cesar Cansino
Hace apenas un mes saludaba en estas mismas páginas la resolución de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la querella interpuesta por la periodista Lydia Cacho en contra de diversas autoridades acusadas de violentar sus derechos humanos, pero sobre todo contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como el góber precioso.
Según dicha resolución la Comisión respectiva solicitaba al pleno de la SCJN emitir una recomendación para fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales al góber precioso por incurrir en violaciones graves a las garantías de la periodista. Asimismo, se exhortaba a proceder penalmente contra otros posibles involucrados, como Kamel Nacif, y algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, por su supuesta complicidad y encubrimiento.


Sin embargo, un mes después, la SCJN resolvió sorpresivamente autolimitar sus propias facultades atendiendo a la ambigüedad del derecho constitucional mexicano, que en su artículo 97 constitucional faculta a la Corte tan sólo a describir los hechos y eventualmente señalar a los responsables de los acontecimientos que se le pida investigar, pero sin recomendar algún tipo de sanción contra ellos. Obviamente, con esta interpretación a la letra de la Constitución el primer beneficiado es el propio gobernador de Puebla porque la Corte no podrá recomendar que se le inicie un juicio político como lo propuso en su momento la comisión respectiva.


Por otra parte, cualquiera que sea el “fallo” de la SCJN sobre el caso Cacho o sobre los otros temas igualmente en examen por presuntas violaciones a los derechos humanos (Atenco y Oaxaca), entrará a un laberinto político sumamente complicado, pues no existen reglas jurídicas claras e inobjetables para proceder en casos de este tipo. En otras palabras, la decisión de la SCJN de autolimitar sus competencias no hace sino alimentar los vericuetos y las oscuridades de nuestro sistema de justicia, que al carecer de un árbitro visible y legítimo deja que asuntos que han lastimado a la ciudadanía como los excesos del góber precioso se resuelvan en los tiempos y en el terreno que conviene a los propios actores políticos atendiendo más a criterios políticos que estrictamente jurídicos.


Se podrá insistir que en los tiempos que corren nadie puede estar por encima de la ley, lo cual es correcto y totalmente válido para entender la decisión de la SCJN. Sin embargo, da la casualidad que las facultades de la SCJN fueron diseñadas en el pasado en el marco de un esquema de subordinación al Poder Ejecutivo. Si el Poder Judicial ha venido adquiriendo un creciente protagonismo y centralidad en los años recientes es porque no existía otra instancia que pudiera mediar entre intereses contrapuestos en el contexto de una nueva pluralidad y competencia partidista.

Sin embargo, sus facultades siguen siendo limitadas por la propia ley vigente. Sin un duda, un tema crucial de la reforma del Estado, pues tal y como está la normatividad, pareciera que el país no cuenta con un árbitro para dirimir conflictos graves como el de la violación a los derechos humanos, que involucra a actores políticos, y deja el asunto a los propios protagonistas.


Obviamente, la decisión de la SCJN ha generado una sensación de impotencia y desencanto entre muchos mexicanos que esperábamos de esta instancia un fallo enérgico y contundente sobre el caso Cacho. Para muchos, la decisión de la SCJN vulnera la propia credibilidad de las instituciones de justicia en el país, y la posibilidad de que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el derecho.


La cauta actuación de la SCJN sobre este caso, aunque reconozca que se violentaron los derechos de la periodista Cacho, al no traducirse en recomendaciones precisas para proceder penalmente, se suma en los hechos a la pasividad y la negligencia de los otros poderes para actuar en consecuencia ante la evidencia de abusos de autoridad como el del góber precioso.

En efecto, cabe recordar que se recurrió a la última instancia legal del país —la Suprema Corte— para que se fijara un curso a seguir en este caso, dado que nadie quiso hacer nada antes, ni el Ejecutivo ni el Legislativo y mucho menos el Congreso poblano. En el ínterin, dada la laxitud de la ley ante la impunidad, el góber precioso se la pasó comprando aliados y periodistas para intentar limpiar en parte su imagen pública tan deteriorada.


Como se sabe, el caso Marín nos mostró sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Quien quiera documentar el cinismo con el que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sobre todo priístas, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real.

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38355.html

Despues de todo esto, solo queda vomitarse ante el temor fundado de ser sujeto a una investigación judicial en Puebla, ya que tenemos tanta libertad como en Uganda.

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