PRI: 3 tristes gobernadores
Por Tartufo:
Jorge Zepeda Patterson
El PRI sabe que la reforma fiscal, que eventualmente evitará el colapso financiero del gobierno, depende de su voto. La adhesión de los diputados y senadores del tricolor le ofrecería al PAN no sólo la mayoría relativa, sino también dos tercios del Congreso para introducir reformas en la Constitución (aunados, claro, a los votos que controla Gordillo). Por el contrario, sin los votos del PRI, la reforma de Calderón está condenada a la muerte.
La pregunta que las y los mexicanos nos hacemos es: ¿qué va a exigir el PRI a cambio de su venia en la negociación con el gobierno? La respuesta que muchos intuimos es terrible: sostener contra viento y marea a dos gobernadores delincuentes (Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla) y a un aspirante a serlo (Jorge Hank, en Baja California). Los dos primeros están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia y el veredicto de los ministros eventualmente podría provocar su caída.
Beatriz Paredes no ha dejado duda de que su partido hará lo necesario para defenderlos. El diputado priista Carlos Chaurand, presidente de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, manifestó el viernes pasado que la advertencia de que podría haber un juicio político contra los mandatarios Mario Marín y Ulises Ruiz, no propicia los acuerdos.
"Habemos compañeros que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por ir adelante en la reforma fiscal, pero atacándonos lo vemos difícil. Lo cual no debería ser motivo para que se detenga la reforma, pero no soy ingenuo de que todos estos ingredientes la detienen". En otras palabras, una amenaza velada muy próxima a la extorsión política: exoneración de Marín y de Ulises a cambio de la reforma.
Beatriz Paredes incluso afirmó que la Suprema Corte podría estarse excediendo al meterse en asuntos políticos. Curiosa interpretación de la política, como una especie de "cosa nostra" y patrimonio absoluto de los funcionarios; como si la política fuese una dimensión ajena a las leyes.
El viernes pasado, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, fue mucho más lejos: propuso que en la próxima reforma del Estado se ponga un alto a las atribuciones de la Suprema Corte para investigar la violación de los derechos humanos. Gamboa Patrón, coordinador de los diputados, apoyó a su colega y aseguró que veía conveniente "la revisión de la estructura y el funcionamiento del poder judicial". Los líderes priistas no consideran que exista un daño a la sociedad con gobernadores y autoridades que violan la ley; el problema, para ellos, es que haya tribunales que llamen a cuenta a esos gobernadores delincuentes. Solución: eliminar los tribunales (no las prácticas delictivas).
Llama la atención la involución de Beatriz Paredes, que durante mucho tiempo mantuvo la imagen de priísta moderna, feminista y con sensibilidad social. Su único problema es que ahora es presidenta del PRI. El poder tiene la extraña capacidad de deslavar a las personas de toda consideración ética. El poder "desmoraliza" actos y convicciones. En la investigación de los ministros a Ulises Ruiz, el PRI no ve a un mandatario que se excedió en la represión y ha generado una situación de ingobernabilidad crónica en Oaxaca, por no hablar de los 20 muertos que dejó tendidos en la calle. El PRI simplemente ve una maquinación política en su contra, porque es incapaz de concebir toda consideración ética, legal o de justicia social.
El caso del góber precioso en Puebla no se queda atrás. Para los priístas, todo el escándalo no fue sino una maniobra electoral para hacerles perder votos en Puebla. Es una noción insostenible, pero no debe subestimarse el poder de la autonegación. Siete meses antes de la elección, Marín decidió usar la justicia poblana para darle un escarmiento a Lydia Cacho, a petición de su amigo Kamel Nacif, protector del pederasta Succar Kuri. Marín se metió solito en el entuerto. En Los demonios del Edén, el libro de Cacho sobre el pederasta y las víctimas, nunca se menciona al góber precioso, ni se habla de Puebla. El 14 de febrero del 2006, cinco meses antes de la elección se hicieron públicas las conversaciones de Kamel con Marín y otros personajes, para violar y torturar a Lydia Cacho. No había necesidad de maquinación política para que el PRI perdiera votos luego de que los diálogos de Marín le dieran la vuelta al mundo.
Otros priístas han afirmado que Marín simplemente ha sido víctima de una especie de protagonismo de parte de la periodista Lydia Cacho. Se les olvida que a todo lo largo de 2006, antes, durante y después de las elecciones, Lydia estuvo sujeta a un auto de formal prisión dictado por una juez de Puebla, bajo un procesamiento plagado de arbitrariedades que hacían imposible su defensa jurídica. Testigos y pruebas desaparecían de expedientes y sus dos primeros abogados fueron amedrentados para abandonar su defensa. Su única salida para evitar terminar en la cárcel era denunciar el atropello ante la opinión pública. Por lo demás, la reiteración de amenazas de muerte dejaba claro que su mejor defensa era asegurarse de elevar la factura política para los hombres de poder que querían desaparecerla.
Si las instancias democráticas funcionaran para deponer a gobernadores delincuentes, la Suprema Corte no tendría que ventilar estos asuntos. Mientras tanto es lo único que tenemos. La Suprema Corte es la garante última de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos ante los poderosos. René Delgado lo dejó asentado en su artículo este sábado. "Si el precio de la reforma fiscal es ratificar la subcultura de la impunidad, la arbitrariedad y el cinismo, vale la pena pagarlo. Pueden los pricapiedra pretender mezclar los dos asuntos [reforma fiscal vs. enjuiciamiento de gobernadores] y chantajear con ello al Presidente e insistir en que el estado de derecho es un factor prescindible en nuestra democracia defectuosa, [eso] sólo hará más defectuosa a nuestra democracia".
Economista y sociólogo
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