IDEAS PRÁCTICAS

Ante tantas lamentaciones encontré PROPUESTAS muy interesantes, ¿tendrán los políticos en Puebla la estatura moral (el "precisoso" queda fuera) de llevarlas a la práctica?


Reforma, 24 de septiembre de 2006

Corrupción en las alturas
Gabriel Zaid

Hace falta un mapa de la corrupción en el poder, con todas las dependencias, ventanillas, actos corruptos típicos y tarifas de los mismos. Así saltaría a la vista que la corrupción se concentra en las zonas de contacto externo y, por lo tanto, depende de los puestos, más que de las personas.

Lo confirma un dicho cínico: "No quiero que me den, sino que me pongan donde hay". Una persona dispuestísima a la corrupción puede tener pocas oportunidades de ejercerla. En el extremo opuesto, una persona íntegra puede quedar en situaciones donde la disyuntiva es renunciar o ser destruido (moral o físicamente, con plata o plomo).

Los altos puestos se prestan para la corrupción. Operan "donde hay". Disponen de muchos recursos y facultades legales, con un buen margen de libertad. Y, a diferencia de la corrupción visible, como las mordidas de tránsito, manejan operaciones invisibles: tan técnicas que nadie las entiende, y de un tamaño que nadie se imagina. Unas cuantas decisiones técnicas, dentro de una conducta por lo demás intachable, pueden ser más lucrativas que un millón de mordidas de tránsito.

Los puestos subordinados no tienen tanta capacidad de decisión. De hecho, su moralidad depende en buena parte de la moralidad en los puestos superiores, donde el margen discrecional hace que la corrupción sea posible, pero no necesaria; y donde la conducta (buena o mala) es un ejemplo que presiona a los subordinados. Por eso, la calidad moral de los altos funcionarios hace mucha diferencia en la calidad moral del gobierno. Y, sin embargo, hace más diferencia todavía la apertura a la vigilancia externa. Sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin escrutinio público y división de poderes, el poder corrompe.

Un alto funcionario que autoriza operaciones irregulares de inmenso beneficio para el país y ningún beneficio para sí mismo debe ser castigado. Su actuación es patrimonialista, no porque sea en beneficio de su patrimonio personal, sino porque dispone de los poderes públicos como si fueran de su propiedad. Su robo no es de dinero, sino de poder. Y al robo hay que sumar la ocultación y la mentira, porque no admitirá públicamente que robó con buenas intenciones.

La buena conciencia por encima de la rendición de cuentas es una forma del poder impune. Hay funcionarios ejemplares que no abusan porque no quieren, pero un gobierno cuya honestidad depende de esa buena suerte no es recomendable. Es mejor un gobierno en el cual nadie abusa porque no puede: porque ningún abuso se le va a perdonar.El buen reclutamiento y la buena suerte aumentan la proporción de funcionarios competentes, diligentes y decentes, que se vigilan a sí mismos y vigilan su dependencia. Pero, aunque todos fueran así, la vigilancia externa de los otros poderes, de la prensa y de la sociedad es imprescindible. Para esto, sería bueno:

1. Que todas las funciones de vigilancia de la Secretaría de la Función Pública salgan del poder ejecutivo y pasen a la Auditoría Superior de la Federación del poder legislativo. La secretaría (inventada para la "renovación moral de la sociedad") lleva cuatro sexenios de hacer el ridículo.

2. Que las declaraciones patrimoniales de todos los altos funcionarios (de director general para arriba) sean públicas.

3. Que todos los grandes pagos del sector público sean públicos. Se puede empezar por la publicación (el mismo día, en internet) de todas las pólizas de pago de más de cien millones de pesos; bajar después el umbral a diez millones y, finalmente, a un millón.

4. Que las quejas y denuncias que llegan a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia de la República puedan ser conocidas y apadrinadas por gestores registrados (periódicos, asociaciones, despachos de abogados) para darles seguimiento y agrupar las que se refieren al mismo funcionario o el mismo procedimiento; hasta llegar, si es necesario, a tribunales. Y que los éxitos (las quejas y denuncias que producen cambios de personas o de procedimientos) se publiquen, para animar a los que prefieren no quejarse ni denunciar, porque creen que es inútil, cuando no peligroso; o porque no tienen tiempo, dinero o conocimientos para gestionar su propio caso.

5. Que las sentencias judiciales contra los abusos de las autoridades beneficien a todos los que estén en el mismo caso, no sólo a quienes pagan abogados y ganan el juicio. Y que la ley esté tan clara que los procuradores de justicia no puedan inventar pretextos para no ejercer la acción penal correspondiente contra las autoridades sentenciadas.