PARA REFLEXIONAR

Reforma, 11 de octubre de 2006.

Democracia brutal
Sergio Aguayo Quezada

El país también se divide entre las elites gobernantes y los ciudadanos deseosos de participar en la vida pública. Es una fractura tan profunda como la brutalidad con la que se disputa el poder.

Los gobernantes autoritarios hacían lo posible por alejar a la sociedad de las decisiones políticas. Eso ya cambió en el discurso porque en la vida diaria se mantienen intactos los obstáculos a la participación social recordándonos la ingenuidad de quienes creíamos que con la alternancia se abrirían los corredores del poder. Las hadas cívicas nunca sustituyeron a las brujas de la grilla hermética. Si una lección deja este sexenio -con año electoral incluido- fue que prevalecieron los intereses de quienes tuvieron mayor sagacidad, recursos, mañas, fuerza... La razón fue lo de menos.

Carlos Slim es súper-ultra-multi-millonario por su inteligencia, y porque millones de consumidores seguimos atrapados en esas prácticas monopólicas toleradas por un gobierno doblado ante los grandes intereses. Las televisoras obtuvieron una ley a su medida extorsionando a senadores y políticos con columna de plastilina. Elba Esther Gordillo se ciñó los laureles de "Ganadora del 2006" gracias a los enormes recursos de un sindicato magisterial que medra con la ignorancia de nuestra infancia. Ulises Ruiz y Mario Marín siguen gobernando Oaxaca y Puebla por las alianzas entre los poderes fácticos. En síntesis, los consumidores y los ciudadanos tenemos pocas instituciones dispuestas a defendernos.

En el país impera una democracia del ¡sálvese quien pueda!, y los individuos y grupos deseosos de influir en los asuntos públicos encuentran bloqueadas las vías de acceso. Revisemos brevemente las opciones a disposición de los ciudadanos motivados. Mientras que en otros países es posible organizar referéndums, plebiscitos o iniciativas, en México es imposible porque los partidos jamás legislaron sobre la materia pese a haberlo prometido en repetidas ocasiones -en esta ocasión el Partido de la Revolución Democrática los incluyó en su agenda. En algunos de los 17 estados donde existen leyes de participación ciudadana son tantos los requisitos que resulta casi imposible impulsar una iniciativa. En el panista Guanajuato se exigen casi 100 mil firmas acompañadas de ¡fotocopias de la credencial de elector por ambos lados!

Con frecuencia se mencionan los problemas para establecer una empresa pero pocos mencionan los obstáculos tras la creación de una asociación civil, la forma legal más usada por la ciudadanía para participar en política. De entrada está el absurdo costo impuesto por los notarios, un monopolio con permiso oficial que opera con total impunidad. Ya legalizada vienen los trámites comunes a cualquier empresa para luego enfrentarse a la supervivencia en un país con escasa tradición filantrópica.

Las Agrupaciones Políticas Nacionales, reglamentadas por la legislación electoral, tienen tal cantidad de candados que son escasas las historias de éxito además de haberse convertido en instrumento para la creación de partidos (sólo pueden hacerse desde una APN).

El exceso de recursos públicos ha desquiciado la vida interna de los partidos y su impulso primario se orienta a cerrar los espacios y evitar competencias sobre su monopolio de la vida pública. Las burocracias se perpetúan a sí mismas y utilizan a los partidos para acceder a cargos públicos generalmente bien pagados. Ésta es la razón de fondo tras los requisitos absurdos para la creación de nuevos partidos, sobre todo si se les compara con otros países. En Holanda sólo se requieren 570 firmas para registrarse y participar en elecciones nacionales (por cierto, los pedófilos nunca cubrieron con ese requisito; se quedaron en 100).

Esta situación cambia cuando las elecciones son competidas; los esfuerzos para incorporar ciudadanos se multiplican. En el 2000 el actual Presidente se apoyó en la estructura paralela de los Amigos de Fox para desbandarlos después de la victoria. En el 2006 López Obrador impulsó las Redes Ciudadanas y está por verse si sobreviven cuando venga el choque con la burocracia partidista. Por estas razones resultan tan saludables las candidaturas ciudadanas.

Quedan las formas tradicionales de influir en la vida política en donde ha habido algunos avances. Se generaliza el cabildeo que ante la falta de regulación sigue estando sujeto a los impulsos de las personalidades. Como antes. En 1994 Alianza Cívica pudo presionar a favor de la limpieza electoral por la sensibilidad y disposición del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y de algunos consejeros del Instituto Federal Electoral. Todavía ahora sigue siendo indispensable el respaldo de alguien con un cargo de poder para lograr que prosperen las propuestas. La importancia de ese factor se reducirá cuando se generalice la cultura de la participación: la sociedad debe acentuar la propuesta frente a la protesta, y el político interiorizar que su función es la de ser servidor público.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República debe, en teoría al menos, ser sensible a la participación ciudadana. Quien fuera su presidente durante el último sexenio, el priista Sadot Sánchez, consideró en el 2004 ofensivo e inapropiado el deseo de organismos civiles de participar en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución cara y de beneficios cuestionables. Ahora ocupa la presidencia de la misma Comisión doña Rosario Ibarra de Piedra que llega bajo las siglas del PRD. Por su historial, seguramente será más receptiva a los muchos planteamientos que la sociedad tiene en el área de los derechos humanos.

Cuando se acerca el final del primer sexenio de la alternancia es evidente la brutalidad de las reglas democráticas. Quienes quieren defender cualquier derecho deben prepararse para un enfrentamiento constante en el que la sociedad está en desventaja frente a los otros actores; una situación que profundiza otra de las fracturas que dividen a la sociedad.