jueves, noviembre 29, 2007

Muy buen resumen de la sesión


Marín gana la primera batalla
Seis ministros noquean a Silva Meza y eliminan el tema de la pederastia de la investigación
Selene Ríos Andraca / Arturo Rueda / Ciudad de México / Enviados

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil

Mario Marín Torres ganó la primera batalla, pero la guerra aún no termina. Una mayoría de seis ministros noqueó a su compañero Juan Silva Meza, al eliminar del dictamen preliminar la investigación concerniente a las redes de pederastia, pornografía y explotación infantil. Empero, los bandos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se equilibraron cuando el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo adelantó su voto a favor en la culpabilidad de las autoridades poblanas en la violación de los derechos fundamentales de la periodista.
Para condenar a Mario Marín se han manifestado claramente: Juan Silva —autor del proyecto—, José Ramón Cossío Villegas, Olga Sánchez Cordero, Genaro Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.

En contra del proyecto de Silva Meza se pronunciaron, Sergio Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia —autor del primer proyecto que exoneraba a Marín—, Sergio Valls y Mariano Azuela.

Es posible que a la tendencia conservadora se sume la ministra Margarita Luna Ramos y tendrá en sus manos la decisión el nuevo ministro Fernando Franco, muy cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Así, el resultado final podría quedar en manos de Fernando Franco Guzmán, ministro ausente en las dos sesiones de la Corte que ha tratado el tema, pero que se prevé que se reincorpore este jueves cuando posiblemente se termine de discutir el futuro político del gobernador Mario Marín Torres.

El primer tema que se puso a discusión fue la extensión de la indagatoria, es decir, si el proyecto debería de incluir en sus propuestas un llamado a las autoridades para mejorar el tratamiento a los casos de abuso sexual infantil.

Olga Sánchez, Ramón Cossío, Genaro Góngora y Juan Silva defendieron su postura y argumentaron que el proyecto incluía denuncias y testimonios de víctimas sexuales, ya que ese tema había provocado la venganza de Kamel Nacif y que Mario Marín le pusiera a sus pies el aparato de justicia de Puebla.

Empero, Mariano Azuela, Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna, Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Aguirre Anguiano avalaron que lo concerniente a la pederastia fuera eliminado, ya que la Corte decidió el 25 de enero de 2006 que se investigara el concierto de autoridades, exclusivamente.


El cruce de llamadas

Después de un receso y a media hora que terminara la sesión pública, Ortiz Mayagoitia puso a discusión la intervención de llamadas telefónicas y la polémica conversación que sostuvo Marín con el empresario Kamel Nacif.

El primero en fijar su postura fue Aguirre Anguiano, quien dijo que la Constitución solamente prevé la intervención de líneas telefónicas cuando se indaga sobre un tema relacionado con la delincuencia organizada.
“Los comisionados mandaron intervenir líneas telefónicas del gobierno del estado de Puebla, de toda gama de autoridades del estado de Puebla, la previsión de estas diligencias de intervención de comunicaciones privadas, la Constitución la refiere a la ley, y la ley prevé estas diligencias, cuando se trata de delincuencia organizada.”


Según Aguirre, la Comisión Investigadora a cargo de Silva violentó la soberanía del gobierno del estado al intervenir sus números: “Bueno, a mí me parece que hubo un agravio a la soberanía o a la autonomía si se quiere, del estado de Puebla, al ordenar la intervención de estas líneas telefónicas, pero algo más, no se tenía el menor indicio de que se tratara de delincuencia organizada, entonces hubo un salto monumental en las atribuciones de los comisionados.”

Después habló de la conversación de Marín con Kamel, la cual dijo, se obtuvo de manera ilegal y tiene valor cero en la indagatoria, empero, dijo, el dictamen de Meza la da por válida en la investigación.

“La textualización de ella, sino que después se cambian las premisas, se da por buena sin decir porqué esta conversación, se le atribuyen méritos convictivos y a través de ella se llega a diferentes engarces probatorios, yo repruebo el método, es un mal manejo de la prueba de inferencias, la res probatum quedó hecha polvo.”
Mariano Azuela se sumó a la postura de Aguirre Anguiano.

En respuesta a esta intervención, la ministra Sánchez Cordero condenó las palabras de su compañero y con dictamen en mano le leyó que Silva Meza ocupó la conversación como punto de partida y que nunca la dio por válida.

Sánchez Cordero leyó: “Sin embargo, como desde el momento mismo de la publicación de la conversación se anotó, y después se comprobó por la Comisión Investigadora, la conversación telefónica no fue obtenida con autorización judicial, lo que constituye una condición que la Constitución Federal señala para que pudiese dársele valor probatorio; por tanto —y aquí viene la respuesta al ministro Aguirre— la Comisión Investigadora determinó, sólo considerarla como hipótesis a verificar, en términos de lo determinado por esta Suprema Corte en la resolución del veinticinco de enero de dos mil siete.”

El segundo en fijar una postura con respecto al cruce de llamadas fue José Gudiño Pelayo, quien consideró que el cruce de llamadas que hizo Silva Meza en abril del 2007, no arroja ningún elemento probatorio digno de discutirse: “Las intervenciones que hizo la comisión, de los cuales no se desprende elemento alguno, creo que esto queda claro en el dictamen y de esa no vale la pena ocuparse”. Empero, Gudiño Pelayo validó que Silva Meza haya utilizado la conversación Marín-Nacif para iniciar la investigación y en ese punto le respondió a Aguirre, al aclararle que el objeto de la investigación nunca fue averiguar si Kamel se había comunicado con Marín, sino el concierto de autoridades.

“El ministro Silva Meza, con mucho detalle puntualizó que se trataba de un punto de partida, de una pista, pero el objeto nunca fue investigar si se había dado la conversación o no, hay elementos importantes que destacó; creo que hay en el dictamen que dice, que aunque fue editada, sí era la voz de las personas que aparecen hablando; es decir, el gobernador y Kamel.”

Y cambiando radicalmente su postura y aclarando el panorama para Lydia Cacho, Gudiño consideró que la investigación estaba bien sustentada y que consideraba que sí hubo un concierto de autoridades para darle un “coscorrón” a la periodista.

“Yo creo que no puede examinarse aisladamente el valor que se le dé a esa grabación, sino hacerse referencia a toda la vinculación de indicios de elementos que vincula el dictamen, para llegar a una conclusión; en el caso concreto, mi convicción es: que sí hubo ese concierto de autoridades, que sí hubo un concierto de autoridades, para perjudicar, o como lo decía ayer el ministro Góngora reproduciendo la conversación, ‘para darle un coscorrón’ a una persona utilizando para eso a la Procuraduría y al Poder Judicial, ese es el tema a investigar y creo que el dictamen, si arriba a esta conclusión de una manera lógica y concatenando todos los elementos que tiene.”

El tercero fue Genaro Góngora, quien se sumó a la postura de Gudiño: “Señor presidente. No tengo nada más que agregar, todo lo ha dicho el señor ministro Cossío, mi hermano, ¡perdón! El señor ministro Gudiño, mi hermano, en una forma clarísima, y yo estoy de acuerdo con eso.”

José ramón Cossío Villegas dividió su postura. Primero validó la conversación Nacif-Marín, al asegurar que el gobernador nunca había negado la veracidad ni el contenido de la misma y que el propio empresario había reconocido el diálogo en una carta publicada en El Universal el 19 de septiembre de 2006.

“Acerca de cuál es la validez jurídica de esa grabación, si está editada, si no está editada; en fin, una serie de elementos que nos podrían llevar a discutir esa situación; sin embargo, sin embargo, en el dictamen de las páginas 11 y 21, se transcribe la carta que el señor Nacif mandó al periódico El Universal, el martes 19 de septiembre de 2006, en donde reconoció varias cosas, y en la parte que a mí me interesa, dice: ‘Soy yo quien habló en esas conversaciones y las expresiones ofensivas son mías, insisto, en diálogos que eran de naturaleza o de carácter privado’.”

Y agregó: “Hasta donde yo tengo conocimiento, esta conversación tampoco fue desmentida por el señor gobernador del estado, simplemente puntualizó algunas condiciones sobre una edición, pero hasta donde yo recuerdo nunca dijo, ‘no existen’; entonces, siendo los dos sujetos los que participan en una conversación que se hace pública primero, y segundo, aceptando los dos sujetos su participación en ella y el contenido general de la grabación, a mí me parece que resultaría muy difícil y no encontraría bajo qué estándar nosotros en este momento pudiéramos desechar ese elemento.”

Un asunto que aclaró Cossío fue la solicitud de registro de llamadas realizadas por las autoridades poblanas antes y después de la detención de la periodista. Y es que el gobernador y otros actores negaron si quiera conocer a los abogados de Kamel Nacif, pero en el registro se refleja que sí se conocían y que hasta comunicación existía.

Asimismo, consideró que la intervención solicitada pos Silva, la cual consistió en un registro, no en contenido de llamadas, no arroja elementos para saber si hubo o no concierto de autoridades (como el propio dictamen reza).

“El problema de las intervenciones, por una razón distinta a la que se da en el proyecto, no tiene valor y a mí me parece que los registros sí establecen un elemento indiciario, suficientemente grave para encontrar por las formas en que se miden y se hacen los patrones y se hacen los registros y se va dando la secuencia, cómo antes de los acontecimientos no había comunicaciones entre ellos, cómo después sí hay comunicaciones; cómo las personas que dijeron que ni siquiera se conocían, establecieron llamadas de este tipo, en fin, un conjunto de elementos que, a mi entender, sí adquieren la fuerza probatoria que se está presentando en el proyecto del ministro Silva Meza y por esas razones, en cuanto a suficiencia de pruebas, insisto, creo que el proyecto, quitando la parte de las intervenciones que me parece delicado, sí tiene una suficiencia adecuada como para permitirnos establecer un juicio ya sobre los hechos.”

No fijaron su postura respecto al cruce de llamadas: Sergio Valls, Margarita Luna y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

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