LA SOSPECHOSA CORTE
Por Tartufo
Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo sospecha. En esta condición se ha puesto a sí misma por su insólita determinación de ayer. Resulta que la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza concluye que hay pruebas más que suficientes para determinar que -como es público y notorio- el tristemente célebre góber precioso de Puebla, Mario Marín, se confabuló con otros altos funcionarios estatales y judiciales contra los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho, secuestrándola, torturándola, encarcelándola y amenazándola de violación y muerte.
Más aún, que el gobernador operó estas acciones a pedido del magnate textilero Kamel Nacif, señalado por Cacho como protector del pederasta de Cancún Jean Succar Kuri, en su libro Los demonios del Edén. Peor todavía, esa misma comisión ha establecido con toda claridad que el Poder Judicial de Puebla trabaja a las órdenes del gobernador Marín. Pero lo más grave del caso es que en su indagatoria sobre este asunto particular el equipo de Silva Meza "descubrió" la impunidad con que son explotados sexualmente miles de niños en todo el país por redes criminales de pederastas. Tan sólo en Cancún se toparon con más de 800 denuncias, de las cuales únicamente seis están siendo investigadas.
Lo estremecedor de este asunto es que a pesar del cúmulo de evidencias y de la irrepetible posibilidad de sentar un enérgico precedente en este doloroso caso de moral pública, la Corte se haya echado para atrás. Como bien consigna EL UNIVERSAL, el Pleno se negó a revisar el informe que podría haber derivado en la apertura de un juicio político contra Mario Marín en el Congreso y, en un giro inesperado, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se sacó de la toga una propuesta para posponer indefinidamente una resolución sobre este caso paradigmático.
Ocho de los 11 ministros se pronunciaron sospechosamente por la petición de la defensa de Marín de un nuevo plazo para presentar supuestas pruebas y argumentos en su favor, al tiempo que revisa las atribuciones y alcances de este tipo de comisiones, lo cual es un absurdo gigantesco y un atentado a la lógica más elemental, pero sobre todo un enorme motivo de sospecha. Porque ahora resulta que la Corte crea una comisión para luego negarse a revisar sus conclusiones, condenando ese trabajo al ostracismo. Como bien dijo el propio ministro Silva Meza al expresar su inconformidad, ahora se corre el riesgo de que las nuevas reglas que emita la Corte sean hechas ad hoc para desestimar las investigaciones de la comisión que él encabezó y beneficiar al mandatario poblano.
Por eso la pregunta obligada es qué fue lo que motivó este drástico cambio de actitud de los ocho ministros que congelan su propia indagatoria y ahora abren un periodo indefinido de incertidumbre en un asunto que parecía tan claro que el mismo ministro Silva Meza, antes del aplazamiento, expuso contundentemente ante sus colegas los argumentos y pruebas por los que llegó a una conclusión que parecía inobjetable: que la Corte recomendase al Congreso un juicio político contra el gobernador Marín. Conclusión que rechazaron sus pares sin revisar siquiera el trabajo del ministro ponente.
Si los ministros cedieron a presiones políticas de priístas poderosos, malo. Si se trata de componendas interpartidistas con el gobierno federal, peor. Y si lo que estamos presenciando es un caso de corrupción, sería terrible. Un retroceso histórico que nos remitiría a esos tiempos oscuros de aquel esperpento de ministro Ernesto Díaz Infante, que recibió medio millón de dólares por evitarle la cárcel al Chacal de Acapulco Alejandro Braun, que violó y mató a una niña de tan sólo seis años. Por cierto, es bien sabido que el señor Marín ha sacado verdaderas fortunas del erario poblano para pagar una execrable -y a veces ridícula- campaña para lavar su imagen. Como si algún día pudiera quitarse el estigma de su perversidad y estulticia.
Lo patético es que, aun así, el góber precioso tiene ahora un aliado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¡QUE DIFERENCIA CON LOS CHAYOTEROS DEL PRECIOSO QUE NO SABEN COMO ALABAR A SU AMO!
3 comentarios:
Disfrutan esa atmósfera enrarecida quienes encuentran en ella oxígeno para su sobrevivencia. Mario Marín festeja con enorme pastel su cumpleaños pero, sobre todo, su sobrevivencia: el aplazamiento del fallo de los ministros de la Suprema es el betún del pastel de impunidad con que se pasea por Puebla. Bien podría el pequeño cavernícola invitar a su fiesta a Arturo Montiel y a su ahijado Enrique Peña, a Ulises Ruiz y a la pareja ex presidencial, que hacen de la impunidad el carnaval de los abusos. Los ministros se van de vacaciones preocupadísimos porque les faltan las reglas para instrumentar su fallo. Aprobaron integrar una comisión, elaborar un dictamen y, chispas, a la hora de emitir el fallo, de golpe se acordaron de las reglas. No quieren cometer una injusticia con quien ha hecho de la impunidad su reino. Los otros agraviados, la periodista Lydia Cacho, pero sobre todo los niños abusados y explotados sexualmente no deben desesperarse, es cosa de aguantarse. Regresando de vacaciones los ministros pensarán concienzudamente cómo no lastimar los derechos del gobernador Mario Marín y hacer algo.
Pues no. La Suprema Corte de Justicia paro en seco la esperanza. El Pleno canceló de momento la posibilidad –la mera posibilidad- de suponer, imaginar, fantasear con la idea de que la justicia en México es posible, que el abuso de poder puede ser sancionado, que los poderosos no siempre ganan. La semana pasada escribí que Lydia Cacho -periodista y defensora de los derechos humanos que lleva año y medio luchando para que se le haga justicia a ella y las víctimas de pederastia que defiende- con paciencia, tesón y enorme valentía había traído de la mano la esperanza de que un país sin impunidad y con justicia es posible.
Y es que tras cinco meses de investigación, el ministro de la Corte, Juan N. Silva Meza, concluyó que autoridades de Puebla y Quintana Roo SÍ habían violado las garantías individuales de Lydia Cacho.
Este proyecto, sin precedentes en nuestra historia, abría la puerta a la esperanza; porque, al menos por una vez, enviaría el mensaje a los siempre todopoderosos gobernadores, procuradores de justicia, jueces, autoridades en general, que no se pueden violar las garantías individuales de la ciudadanía si se tiene el valor y la tenacidad y la paciencia de llevar el caso a sus últimas consecuencias, como lo hace Lydia.
Pero siempre no. El Pleno de la SCJN nos dio la espalda.
El pasado martes 26, por ocho votos contra tres, la SCJN rechazó el dictamen con el argumento de que se debe garantizar el derecho de audiencia de los funcionarios considerados responsables. Y aplazaron –sin precisar fecha- la discusión del asunto, hasta que emitan un acuerdo general que regule su facultad de investigación.
Traducción: La investigación no se da por concluida y se revisará la forma en que se realizó (lo cual de alguna manera descalifica la conclusión presentada por el ministro Silva), y los funcionarios tendrán más tiempo aún para buscar elementos de defensa o apostar al olvido.
El ministro Silva Meza se opuso a la resolución (junto con los ministros Genaro Góngora y Sergio Valls), y señaló que “El gobernador de Puebla en todo momento tuvo, ha tenido y tiene conocimiento de la investigación constitucional, en la cual ha intervenido alegando lo que ha considerado oportuno y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes”. Asimismo, dijo que la investigación estaba concluida y sólo faltaba la aprobación o no del Pleno; y afirmó que parecería que se harían reglas ad hoc para esta investigación.
De acuerdo con información de La Jornada (junio 27), en sus conclusiones el ministro Silva señaló que se citaron a declarar a 117 personas, se analizaron grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún. Y su conclusión es que “sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho, transgrediendo principios democráticos de federalismo y división de poderes, particularmente la independencia judicial”.
Apunta también que autoridades de Puebla se condujeron “en forma falaz al narrar los acontecimientos” para que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres; de la procuradora, Blanca Laura Villeda; del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, para violar los derechos de la periodista.
Afirma que Lydia Cacho fue torturada en su traslado de Cancún a Puebla; trayectoria en la cual gente cercana al empresario Kamel Nacif “escoltó” el vehículo oficial.
En fin, el dictamen de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno.
¿Ve porqué decía que la esperanza, traída de la mano de Lydia, se asomaba? Pero siempre no. El Pleno de la SCJN la paró en seco. Desde luego ha de ser una coincidencia que Fabián Aguinaco, uno de los abogados del gobernador Marín, sea hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco, compañero y amigo de muchos de los actuales ministros. (Por cierto, ¿de dónde salen los honorarios y todos los gastos que ocasiona la defensa del góber? Na’más pregunto).
Para colmo de males, este aplazamiento deja de lado el meollo de todo el asunto: la explotación sexual infantil y las redes de poder que, por acción u omisión, cobijan este delito. Y es que no hay que olvidar que se violaron las garantías de Lydia precisamente por darle seguimiento a un caso de pederastia en el que están involucrados hombres con mucho poder.
Total, parece ser que el mensaje de la SCJN es que siempre no es momento de abrigar esperanzas por un país mejor. Ni hablar, a veces duele vivir en México.
Apreciaría sus
comentarios:
cecilialavalle@hotmail.com
Estimada Cecilia Lavalle:
¿Que se puede agregar a tu comentario?
Nada.
Es triste y decepcionante que a veces efectivamente duele con estas acciones vivir en México.
El poder económico y político, está muy por encima de la ley y la voluntad de un pueblo, y los ministros de la Corte están supeditados a un grupo de personas.
¿Quienes los tiene maniatados?
Una respuesta que quizás la mayoría la sabemos, pero se confirmará con los años.
¡Qué asquerocidad es todo esto eeeeeh!
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