PROCESO EN LINEA

La SCJN considera nueva investigación del caso Cacho
Jorge Carrasco Araizaga

* Faltó profundidad a la indagación; no tocó Mario Marín, señalan

* Este martes fijarán su posición tres magistrados

México, D.F., 18 de septiembre (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera una nueva investigación sobre la presunta violación a las garantías de la periodista Lydia Cacho ante la falta de exhaustividad de los primeros resultados.

La decisión la tomarán en la sesión pública del martes, cuando se complete la discusión en torno a un proyecto que empezaron a discutir el lunes y en el que se exculpa al gobernador de Puebla, Mario Marín, de haber concertado esa violación.

El proyecto descarta que se hayan violado las garantías individuales de Cacho Ribeiro cuando fue detenida en diciembre pasado, tras denunciar la existencia de una red de pederastas protegidos por funcionarios federales.

La discusión del pleno se centró en los resultados de la comisión investigadora creada el 18 de abril pasado por los propios ministros de la Corte para esclarecer lo ocurrido en torno a la detención de la periodista en Quintana Roo y su traslado a Puebla.

La aprehensión fue posible por una orden que otorgó la justicia de Puebla luego de que el empresario Kamel Nacif demandara a Cacho por la publicación del libro Los demonios del Eden.

En el libro, Cacho señala a Kamel Nacif y al empresario Jean Succar Kuri –recientemente extraditado a México desde Estados Unidos y encarcelado en Chetumal, Quintana Roo– de encabezar una red de pederastas protegida por el subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, y el flamante presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, Emilio Gamboa.

Tras cinco meses de investigación, los dos magistrados de circuito Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín –comisionados por los ministros– concluyeron que si bien hubo “algunas irregularidades” en el proceso judicial abierto contra la periodista, no se comprobó que se haya producido una grave violación a los derechos humanos de la periodista.

A partir de esos argumentos, el ministro encargado del proyecto de resolución, Guillermo Ortiz Mayagoitia propuso a sus homólogos declarar que “no está demostrada la violación grave de garantías” de Cacho, debido a que no se comprobaba la existencia de una acción concertada del gobernador con el Poder Judicial y la Procuraduría del estado.

Además, pidió que se rechazara, “por ilegal” la grabación entre Marín y Kamel Nacif en la que celebran –con “lenguaje agreste”, como dijo el ministro Genaro Góngora Pimentel– la detención de Cacho.

La propuesta fue rechazada de inmediato por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo por considerar insuficiente el informe, pues los magistrados comisionados evitaron investigar la intervención del Mario Marín, llamado “gober precioso” por Kamel Nacif en aquella conversación difundida ampliamente por la prensa.

El informe, agregó Gudiño, omitió también establecer la relación de Marín con Kamel Nacif, por lo que pidió que se amplíe la investigación ordenada por la Corte, la tercera de su tipo en la historia del máximo tribunal.

“No hay nada en el informe de lo que se pueda advertir que se investigó la conducta del gobernador, su reputación, su probidad, sus nexos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con la Procuradora de Justicia o con el empresario Kamel Nacif. Incluso el gobernador fue excluido, a mi juicio, irracionalmente de la investigación”, señaló.

Gudiño recibió el apoyo de sus colegas Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Valls, José Ramón Cossío y Juan Silva Meza, quien argumentó que la investigación tiene que ver con una amenaza a la seguridad del estado mexicano por parte de la delincuencia organizada.

Valls dijo que por no tratarse de una investigación jurisdiccional la grabación no debe ser rechazada, aunque haya sido interceptada de forma ilegal.

En contra de esa posición se manifestó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien consideró que se estaba pidiendo una investigación “exorbitante” y con carácter policial al querer establecer “líneas de investigación”, aunque al final propuso que en caso de una nueva investigación se designara a nuevos comisionados.

Aún falta que fijen su posición la ministra Margarita Luna Ramos, el ministro Juan Díaz Romero –quien anticipó que en su consideración existen problemas de procedimiento– y el presidente de la Corte, Mariano Azuela.

La ministra Olga Sánchez Cordero está de vacaciones, por lo que en caso de empate se tendrá que votar de nuevo si se hace una nueva investigación y, en su caso, si se nombran a nuevos comisionados.

Lydia Cacho, quien estuvo presente en la sesión y quien vestía una camiseta con la leyenda “no más pederastia, no más corrupción, no más impunidad”, declaró que el caso no sólo tiene que ver con la existencia de una red de prostitución infantil, sino con la libertad del ejercicio periodístico.