OTRA VERSION

La Jornada. Miércoles 20 de septiembre de 2006

Las pesquisas podrían llevar a indagar extensiones de red de pornografía infantil

Investigará la Corte posible colusión de Marín y funcionarios contra Cacho

Se superó el "obstáculo legal" que representó el origen de las grabaciones telefónicas

La grave violación a los derechos de la niñez mexicana, el trasfondo de las discusiones

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer, por siete votos contra tres, "ampliar la investigación" sobre la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, con el propósito de determinar si existió una acción concertada entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y los titulares del tribunal superior de justicia y la procuraduría estatales en perjuicio de la periodista.

Después de una intensa discusión, el pleno superó el "obstáculo legal" que representaba el uso de la grabación de la conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif -en la cual quedó en evidencia la intención específica del mandatario poblano "de satisfacer componendas privadas para perjudicar a la periodista"- como una "pista" que permita profundizar la investigación para determinar si el gobernador violó los principios constitucionales de federalismo y división de poderes, así como la independencia y autonomía judiciales.

Luego de rechazar el proyecto elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia -que exculpaba a Marín de la acusación de violación grave de las garantías individuales de la periodista-, los ministros encargaron a José de Jesús Gudiño Pelayo la elaboración de un nuevo proyecto que abarque la integración de una nueva comisión investigadora y los alcances de la misma.

Trascendió que el nuevo proyecto estaría listo en una semana para su discusión y que éste propondrá que sean los mismos magistrados integrantes de la comisión investigadora -Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín- los que continúen con la indagatoria.

El pleno tendrá que fijar una postura respecto a la exigencia de los ministros Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel de que la comisión de magistrados investigue la red de pornografía infantil y de pederastia en la que presuntamente participan funcionarios, la cual fue denunciada en el libro Los demonios del edén, que fue "el detonante" de ésta situación.

Pederastas en la mira

De ser aceptada la propuesta, el máximo tribunal investigaría también la "violación grave a las garantías individuales de la niñez mexicana".

Presente en la sesión, Lydia Cacho, acompañada de sus abogados, seguía las intervenciones de los ministros, las cuales se centraron en la posibilidad de que la conversación telefónica referida pudiera ser tomada en cuenta o no, con las consecuencias que ello implicaba.

Hubo ministros, como José Ramón Cossío, Juan Díaz Romero, Silva Meza y el propio Gudiño, que ofrecieron diversas opciones para que no quedara el precedente de que una prueba obtenida ilícitamente fuera usada en un procedimiento penal.

Sin embargo, Góngora aseveró que si la Corte "únicamente se pronuncia por el respeto del derecho a la intimidad del gobernador, sin tomar en cuenta las características especiales del caso, desconocería diversos derechos de la periodista, entre los cuales destaca el de debido proceso y libertad de expresión".

Defensa de la libertad de expresión

Trajo a colación el caso Watergate, que derivó en la salida de Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos, al señalar que "la presunción de inmunidad debe ser considerada a la luz de las exigencias históricas del estado de derecho" y que, por tanto, no podía ignorarse que la citada conversación "contiene información en la que se advierte que el gobernador de una entidad aparentemente conviene en utilizar el aparato gubernamental en contra de una periodista".

Góngora subrayó que existe interés general de la ciudadanía en preservar la libertad de expresión "cuando se utiliza para denunciar delitos como la pornografía infantil y la pederastia que afectan a los niños mexicanos". Es "claro que la defensa al derecho de libertad de expresión resulta un factor fundamental para que el Estado mexicano pueda consolidar la democracia", subrayó.

Y cuestionó el proyecto de Ortiz Mayagoitia, porque no tomó en cuenta la relevancia del contenido de las supuestas conversaciones y la personalidad de las partes involucradas.
La mayoría rechazó el argumento de Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y del ministro presidente Mariano Azuela, de que si hubo irregularidades procesales podían ser impugnadas mediante un juicio de amparo.

Y aunque la ministra Luna Ramos había argumentado en este tenor inicialmente, al votar se pronunció por ampliar la indagatoria.

Cuando el pleno votó, Lydia Cacho no ocultó su emoción: abrazó a su defensor, Xavier Olea, y se le escapó una lágrima. Minutos después, la procuradora del estado de Puebla, Blanca Laura Villeda, descalificó la resolución al señalar: "Yo, como juez que fui y como procuradora, estoy acostumbrada a pruebas, no a pistas ni a pesquisas", en alusión a que el pleno consideró que la conversación referida era una pista suficiente para ampliar la indagatoria.