LENTA (Y PENOSA) AGONÍA

Corte decide ahondar en el caso Lydia Cacho
Carlos Avilés
El Universal Miércoles 20 de septiembre de 2006 Nación, página 1

Usará audios de llamadas telefónicas para trazar hipótesis

La Suprema Corte resolvió ampliar las investigaciones en el caso de Lydia Cacho con el fin de que se indague la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en una presunta concertación para perjudicar a la periodista.

En una votación dividida, de siete votos contra tres, la mayoría de los ministros de la SCJN determinó que si bien no pueden usar grabaciones ilícitas de llamadas telefónicas como pruebas para responsabilizar a alguien, sí es posible que las empleen para trazar líneas de investigación e hipótesis de hechos como los que involucran al llamado góber precioso.

La Corte aprobó esta medida luego de desechar el proyecto de sentencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien proponía declarar que no existieron violaciones graves a la Constitución en el caso de la periodista.

Desde el pasado 18 de abril la SCJN creó una comisión integrada por los magistrados federales Emma Meza y Óscar Vázquez para que investigaran si existieron violaciones graves a las garantías constitucionales en la detención y procesamiento penal de Lydia Cacho de que fue objeto en diciembre de 2005.

En esa ocasión la periodista fue detenida en Cancún y trasladada a la ciudad de Puebla para enfrentar un juicio penal por el delito de difamación, iniciado en su contra por el empresario Kamel Nacif, quien fue mencionado en el libro Los Demonios del Edén -escrito por Lydia Cacho-, como uno de los integrantes de la red de pederastas.

A partir del 19 de abril la comisión integrada por los dos magistrados se dio a la tarea de recopilar toda la información que consideraron pertinente sobre este caso.

Una vez que concluyeron su investigación entregaron un reporte, el cual se le turnó al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia para que elaborara un proyecto de sentencia.

De la revisión del expediente, Ortiz Mayagoitia concluyó que no se habían presentado violaciones graves a las garantías constitucionales ni existían elementos para considerar que se registró alguna acción concertada o confabulación de servidores públicos para perjudicar a Lydia Cacho.

Pero después de dos sesiones su propuesta fue desechada por la mayoría de los ministros, porque estimaron que la investigación que hicieron los magistrados era deficiente e incompleta, pues no se incluyó ni tampoco se indagó al gobernador Mario Marín, ni la posible injerencia que pudo haber tenido en la Procuraduría General de Justicia y en el Poder Judicial de su estado para beneficiar a Kamel Nacif.

El voto mayoritario lo integraron los ministros José de Jesús Gudiño, Juan Silva, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Juan Díaz y Margarita Luna, quien había apoyado a Ortiz, pero fue convencida de lo contrario al final.

Al igual que Ortiz, el ministro Sergio Aguirre y el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, consideraron que no era posible investigar al llamado góber precioso basados en una prueba ilegal como lo son las grabaciones de las llamadas telefónicas que sostuvo con Kamel Nacif para tratar el tema de la detención de la periodista.

"Que quede bien claro, yo no estoy por la impunidad", aseguró Ortiz Mayagoitia, quien explicó que si bien "en el fondo de esta investigación subyacen derechos humanos de una persona muy respetables", a la Corte no le toca realizar esta labor.

"Afortunadamente hay otros cauces para hacer valer su respeto, o para pedir la restitución y hasta reparación", dijo. Pero no logró convencer a sus compañeros.

Debido a que el proyecto inicial de Ortiz Mayagoitia fue desechado, el Pleno aprobó turnar el asunto al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo con el fin de que éste presente un nuevo dictamen en el que se determine y especifique cuáles serán las líneas de investigación que se deberán seguir para aclarar este caso.

Uno de los puntos que quedó pendiente de discutir, y que será motivo de análisis en cuanto esté el nuevo dictamen, es si la Corte ordena que se investigue también la existencia o no de una red de pederastas y pornografía infantil en el país, protegida por funcionarios públicos.