TODO LE HA SALIDO MAL A MARIN... Y LE PUEDE IR AUN PEOR

Por Tartufo

Esta editorial se publicó en el periódico "Reforma" el día 2 de mayo de 2006:

Tácticas del góber precioso

Por Miguel Angel Granados Chapa

El góber precioso, Mario Marín, que firma todavía como titular del poder ejecutivo de Puebla, quiere pasarse de listo en su táctica para evitar que se compruebe su participación en el ataque a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho y, en el fondo, contra las víctimas de la pederastia y la pornografía infantil denunciadas en el libro escrito por ella, Los demonios del edén. Sus argucias se volverán en contra suya, sin embargo.

El lunes de la semana pasada negó haber recibido el citatorio para presentarse ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República. Desmintió así lo dicho por su secretario de gobierno, Javier López Zavala, que había admitido el recibo del documento. Mentía el todavía gobernador. Tan estaba citado que el jueves 27 acudió al llamado del ministerio público federal, en la Ciudad de México. Fingió ignorar en qué calidad había sido convocado, cuando es claro que le requirió por la denuncia presentada en contra suya por la periodista, es decir en calidad de acusado. Y si bien escuchó la prolongada lectura de la acusación, rehusó declarar al respecto, ateniéndose a la garantía procesal estipulada en el artículo 20 constitucional, que establece que nadie puede ser forzado a declarar. Explicó que lo haría cuando concluya la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia, iniciada precisamente en la víspera.

En los días siguientes, tres personas más, implicadas en la averiguación que desarrolla la PGR, que dependen directa o indirectamente del todavía gobernador, acudieron a sendos citatorios y reprodujeron la negativa y la explicación de su jefe. La procuradora de justicia, Blanca Laura Villeda, y los agentes de la policía judicial José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas recitaron el parlamento obviamente establecido: se reservan su derecho a declarar hasta que concluya la pesquisa de la Corte. No se requiere clarividencia para saber que la jueza quinta de lo penal del Puebla, Rosa Celia Pérez González, repetirá la fórmula cuando acuda pasado mañana, jueves, al citatorio del ministerio público federal.

Ella fue llamada ya por los magistrados Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, que el miércoles pasado comenzaron la tarea que les asignó el pleno del máximo tribunal de la República. Además de oír a la juzgadora, los investigadores de la Corte conocieron también la versión de Adolfo Karam Beltrán, que en diciembre pasado era jefe de la Policía Judicial y ahora se desempeña como subsecretario de Transporte. Su destitución o transferencia obedeció a desacuerdos con la procuradora Villeda, que hicieron crisis en la disputa en torno a un detenido por narcotráfico, reclamado por la Agencia Federal de Investigación y que la procuradora, contra la opinión de su subordinado entonces, consiguió mantener a disposición del ministerio público local.

Si no ocurrió durante el fin de semana largo, hoy mismo o en los próximos días (aun antes de que viaje a Nueva York, como tiene previsto, para festejar el 5 de mayo con la creciente población poblana de esa ciudad), Marín acatará la convocatoria de los magistrados Meza Fonseca y Vázquez Marín, que no están regidos por términos ni formalidades para su indagación, ya que sólo se proponen describir los hechos denunciados por Lydia Cacho. Se trata de la colusión entre Marín y el empresario textil Kamel Nacif para hacer que prosperara la denuncia por difamación y calumnias presentada por éste contra la periodista a fin de utilizar la sentencia que del proceso amañado resultara en beneficio de Jean Succar Kuri, protegido de Nacif que en diciembre esperaba la decisión judicial norteamericana sobre su extradición, acordada ya aunque todavía no desahogada.

En una situación que debería avergonzarlo al punto de hacerlo ausentarse, el todavía gobernador de Puebla está sujeto a dos procedimientos distintos de carácter jurídico, uno estrictamente regulado y el otro sujeto a las decisiones de los investigadores. Por no tener presente esta característica se equivocó Marín al trazar su táctica. Erró si espera que el informe que produzcan los magistrados, hecho llegar al pleno y enviado por éste a las cámaras del Congreso federal que solicitaron su intervención, sea un documento laxo, que favorezca su posición. Dado que no se trata de una indagación ministerial en sentido estricto, capaz de conducir a la acción penal directamente, los magistrados disponen de libertad para, por ejemplo, utilizar las grabaciones de los telefonemas intervenidos a Nacif no como prueba sino como hilo conductor entre hechos probados de otra manera.

Se equivocó también porque esos investigadores especiales se percatarán de que las comparecencias de los acusados ante la PGR obedecen a un patrón obviamente orquestado, lo cual refuerza la denuncia de que una concertación semejante condujo a la detención de Lydia Cacho al cabo de una averiguación previa en que no se respetaron sus garantías procesales, y realizada con diligencia explicable sólo por tal orquestación. La captura se produjo en un sitio remoto y en época vacacional, como si la denunciada fuera una delincuente peligrosa que se dispusiera a huir. Al contrario, se hallaba en su domicilio, de donde fue trasladada a Puebla por los agentes judiciales ahora silenciosos pero durante aquel oprobioso trayecto suficientemente locuaces como para hacer temer por su vida a la periodista que ahora los denuncia.

COMENTARIO

Cuando la Suprema corte de Justicia de la Nación interviene en un asunto, su informe ha sido desfavorable a las instancias de poder. No falta mucho.

P.D. ¡Un voto al PRI es un voto a la impunidad!