¿DIFAMADORAS?

Lydia Cacho está todavía sujeta a proceso, en Quintana Roo, cuya Procuraduría no fue ajena a la maniobra en que participó Mario Marín, mientras que Isabel Arvide fue sentenciada a un año de cárcel, ella por presión del gobierno de Chihuahua.

Por Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque crece el repudio contra el gobernador Mario Marín (las 11 consejeras del instituto de la mujer que renunciaron anteayer emitieron una clara señal a ese respecto) y contra la maquinación que pretendió castigar y acallar a Lydia Cacho, y aunque hay indicios de que el Ejecutivo deberá pedir licencia, no con ella terminaría el ruin episodio orientado a proteger a pederastas y pornógrafos de niñas y niños. Lydia Cacho no está libre, sino bajo proceso, y aunque está sometida ahora a la jurisdicción del lugar que eligió para vivir, puede ser condenada hasta a dos años de cárcel. Por el mismo delito, el viernes pasado, en Chihuahua, la columnista Isabel Arvide fue sentenciada a un año de prisión, a reparar el daño mediante el pago de 200 mil pesos y a abstenerse de volver a tocar el tema que originó esas sanciones.

Con todas sus diferencias, los casos de ambas tienen dos rasgos en común. Por un lado, sus denunciantes carecen de la reputación que alegan tener y en cuya protección reclaman que actúe la justicia penal. Kamel Nacif se había labrado una sólida mala fama antes de la aparición de Los demonios del edén. Y Jesús José Solís Silva, apodado Chito, ex procurador de Justicia de Chihuahua, protagonizó infinidad de actos que malamente le permitían aparecer como un ciudadano defensor de su honra. Y, por otro lado, los acusadores tuvieron a su favor a las autoridades, con lo que de antemano aseguraron el castigo para quienes no habían dicho más que la verdad sobre ellos, desprovistas de dolo pues ejercían su oficio de comunicar, cuyo propósito es la información y el análisis y no incluye el ánimus injuriandi.

En Puebla Lydia Cacho pudo haber sido encarcelada hasta por cuatro años. La pena por difamación en Quintana Roo es menor, de hasta dos años de prisión. Pero tal circunstancia no resta gravedad a su situación. Quién sabe si el gobernador Félix González Canto tuvo acuerdo con Marín para orquestar la maniobra. Pero es claro que su procurador Bello Melchor estaba al tanto de la peculiaridad del caso. Y aun reconoció en un noticiero local que Nacif había estado con él para asegurarse de la detención de su acusada. Como lo relata la propia periodista, en el prefacio a la segunda edición de su obra, tras su detención en su oficina, fue llevada a la delegación de la Procuraduría en Cancún, "porque una diligencia de otro estado requiere autorización de la procuraduría local". Pero no dejó de percatarse de que "lo que normalmente es un trámite de varias horas, sospechosamente se hizo en versión fast track, en no más de veinte minutos".

Durante ese lapso, se practicó a Lydia Cacho examen médico con cuyos resultados (padecía bronquitis y apenas había superado una neumonía) el Ministerio Público local habría podido solicitar que el desahogo de pruebas se hiciera allí, aunque el juicio ocurriera en Puebla, o demandar su traslado por vía aérea. No lo hizo y, al contrario, según relata la periodista, "durante mi detención no me permitieron acceder a teléfonos ni tener contacto con mi abogado. Me impidieron tomar medicinas o ropa de abrigo para el viaje a Puebla; les insistí en mi derecho a la salud y me aseguraron que me acompañarían por mis medicamentos y un suéter antes de salir", lo que no ocurrió. Sí ocurrió, en cambio, que los policías judiciales locales ayudaron a sus iguales poblanos a huir de Cancún. Lydia Cacho padece desde el año pasado el resguardo de agentes de la AFI, por amenazas generadas por su activismo en beneficio de mujeres ofendidas y golpeadas. No estaban a su vera cuando se produjo la detención, y pretendieron buscarla en la oficina de la Procuraduría, pero de ellos escaparon los captores poblanos: "La fuga se realizó con el apoyo de judiciales de Quintana Roo, quienes escoltaron el convoy para permitir que escapara con fluidez sobre el tránsito local. Participaron al menos una docena de agentes locales para sacarme a la carretera", escribió la víctima. Ése es el personal de procuración de justicia que tratará ahora de hacer que la condenen.

Hoy hace exactamente dos años que renunció el procurador de Chihuahua, Solís Silva. El gobernador Patricio Martínez no pudo sostenerlo más después de dos años de un desempeño marcado, en el mejor de los casos, por la ineficacia y, en el peor, por la creciente evidencia de que miembros de la Procuraduría no sólo protegían a delincuentes sino que ellos mismos lo eran. Entre muchas otras plumas, incluida la mía propia, la de Isabel Arvide se ocupó de las andanzas de Solís Silva, que la acusó penalmente y consiguió una sentencia que le fue notificada a la periodista el viernes 3. Amigos suyos arreglaron, según le hicieron saber, que el gobernador José Reyes Baeza le "permitiese abandonar el estado siempre y cuando no hiciera ninguna declaración", lo que en opinión de la afectada muestra la colusión del Ejecutivo local con su denunciante.

Isabel Arvide quiso denunciar ese desenlace en su columna de Impacto diario, que se publica en el Distrito Federal. Le fue impedido hacerlo, y ella lo reprochó a Juan Bustillos director de ese periódico. Y le recuerda que hace poco sufrió otro acto de censura, "cuando recortaron párrafos de otra columna en que hablaba del caso Lydia Cacho; entonces me mandaste decir que el tema era muy delicado por la relación con Mario Marín en el proyecto de la distribución en Nueva York. Y en mi fuero interno, con el recorte de páginas, asumí que estabas desesperado por recursos económicos".