POLITIZACION DESVIA EL CASO DE LYDIA CACHO

Derribar a Marín o vigilar proceso legal
Por Carlos Ramírez

El siguiente artículo de Carlos Ramírez es una llamada para centrarnos en la esencia del "Pueblagate": la red de pederastia de Succar Kuri.

El hilo conductor de Kamel Nacif ha comenzado a enredar el caso de la periodista Lydia Cacho. Pero el asunto podría desinflarse por las expectativas políticas de provocar la licencia del gobernador poblano Mario Marín Torres, cuando el punto conflictivo debiera ser la revisión de proceso judicial contra la autora del libro Los demonios del edén.

La posibilidad de conducir el problema hacia la Suprema Corte de Justicia podría, también, toparse con una pared. El segundo párrafo del 97 constitucional establece claramente la facultad de "averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual". Es decir, se trataría de saber si se violó alguna ley. Y ahí el asunto podría escurrirse por el flanco legal: hasta donde se tienen datos, el proceso legal sigue su curso y la periodista estrictamente fue conducida a Puebla y ahí liberada bajo fianza. La crítica enfatiza las presiones sobre la marcha. Pero en el fondo el proceso legal sigue.

La politización del conflicto pretende, por tanto, llevar a un tribunal legal hechos que no constituyen la violación de una ley. El gobernador Marín tendrá que pagar su factura política por el lenguaje soez usado al referirse a la periodista Cacho, por su relación de amistad con el empresario Nacif y por el comportamiento de los judas que trasladaron a la periodista a Puebla. Por tanto, la desviación del caso a la Corte podría conducir a una exoneración estrictamente legal. Y lo que podría ser peor: la Corte estaría obligada a indagar el asunto de las grabaciones ilegales de conversaciones por teléfono.

Los apasionamientos electorales han complicado el asunto. Si se revisa el caso con frialdad, la parte más sensible ha sido soslayada por la intención de tumbar al gobernador Marín: las indagatorias de Cacho sobre una red de pornografía infantil y uso sexual de menores. Este punto ha sido bajado de interés porque todo se ha centrado en la presión para obligar al gobernador Marín a separarse de su cargo.

La investigación de Cacho no ha sido completa. Sus datos indagan algunos indicios y se basan en actas de investigación judicial. La aprehensión de Succar Kuri en Arizona y la solicitud de extradición hecha por México podrían conducir a una mayor indagación sobre las relaciones empresariales, políticas y de poder de la red de pederastia. El involucramiento de Miguel Angel Yunes no fue gratuito porque aparece en actas. Las relaciones políticas de Nacif con políticos del PRI, el PAN y el PRD tampoco aparecieron sorpresivamente.

Asimismo, el caso Cacho ha puesto en el tapete de las discusiones el tema del ejercicio real de la libertad de expresión. Varios periodistas --entre ellos Isabel Arvide-- han sido condenados por la ley al ejercer el derecho a la libertad de crítica. El uso de las demandas civiles por daño moral que no exigen pruebas sino que protegen al criticado por referencias irónicas o de lenguaje se ha convertido en una limitación a la libertad de expresión.

La periodista Cacho fue demandada por difamación por el empresario de la mezclilla. Es decir, por haber sido afectado en su fama pública independientemente de que los señalamientos pudieran ser verdaderos. Este punto debe ser más importante para los medios que el lenguaje soez del gobernador. Si el juicio resulta adverso a la periodista, la verdadera libertad de expresión --la que critica a los poderosos con pruebas-- sería de nueva cuenta derrotada, aún con Marín renunciado.

Las severas críticas contra el gobernador Marín podrían ser consideradas como una maniobra de distracción para satisfacer las pasiones del respetable público. La biografía política del gobernador poblano quedó marcada por la picaresca del lenguaje privado. Marín podría también, por presión de los medios, ser obligado a solicitar licencia. Pero los medios deberían de centrarse en el tema de la acusación judicial contra una periodista acusada de difamación por un empresario señalado como parte de la red de pederastia y de pornografía infantil.

Si el asunto se agota en la intervención de la Corte, el saldo habrá de determinarse por un proceso judicial riguroso pero centrado en el ejercicio de una orden de aprehensión en Quintana Roo y el traslado de la aprehendida a la ciudad de Puebla. Las referencias de Nacif y Marín en su conversación telefónica privada no constituyen pruebas legales. Además, las amenazas de agredir a la periodista tampoco se consumaron. Por tanto, la conclusión de la Corte pudiera ser exculpatoria.

Lo que debiera importar, en todo caso, es usar el poder de los medios para proteger el derecho de Lydia Cacho a la libertad de expresión. Por tanto, habrá que vigilar su proceso judicial. Asimismo, los medios debieran ser más vigilantes del caso de la periodista argentina Olga Wornat y de la revista Proceso, acusados por la señora Marta Sahagún no de difamación ni de mentir sino de especular y de publicar el documento de la señora Sahagún en el que explica las desavenencias sexuales con su marido Manuel Bribiesca. Si la señora Sahagún y el empresario Nacif ganan las batallas legales, el periodismo habrá perdido un espacio fundamental de su libertad de expresión.

La ofensiva contra el gobernador Marín es apenas una parte del conflicto. Este expediente político debe tener también una salida política: una disculpa a la periodista por el lenguaje y sobre todo la garantía a un juicio justo y apegado a la protección de la libertad de expresión. Asimismo, el asunto debiera también orientarse hacia el empresario Nacif pero no por el uso de sus influencias políticas sobre los poderes judiciales locales sino por el señalamiento de la periodista Cacho en materia de pedofilia.

Hasta ahora, sin embargo, el escándalo político en torno al gobernador Marín podría ser una forma de eludir los problemas centrales: la defensa de la libertad de expresión de Lydia Cacho, sus datos sobre la red empresarial-política de la pederastia y las garantías para un proceso judicial realmente imparcial. Lo demás será, a falta de pan, un circo romano.

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