PROCESO EN LÍNEA

Determina la Corte ampliar la investigación en el caso Lydia Cacho
jorge Carrasco Araizaga

* La votación, siete contra tres

México, D.F., 19 de septiembre (apro).- El gobernador de Puebla, Mario Marín, será el objeto de la ampliación de la investigación ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su presunta concertación con el Poder Judicial para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Si se comprueba que existió esa confabulación, en la que también aparece involucrado el empresario textilero Kamel Nacif, se ampliarán las posibilidades de que “el gober precioso” sea cometido a juicio político por invasión de poderes y violación a los derechos humanos.

Por siete votos contra tres, el pleno de la Corte decidió hoy ampliar la investigación que ordenó en abril pasado, a solicitud del Congreso de la Unión, por la presunta violación de garantías a la que fue sometida Cacho en represalia por la publicación de su libro Los Demonios del Edén.

En el libro, la periodista denuncia la existencia de una red internacional de pederastia y pornografía infantil encabezada en México por Kamel Nacif y Jean Surcar Kuri –recientemente extraditado de Estados Unidos por esa acusación– y protegida por distintas autoridades mexicanas.Con la ampliación de la indagatoria, los ministros rechazaron el proyecto de resolución presentado ayer ante el pleno por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, para quien no se había comprobado la violación grave a las garantías de Cacho.

Mayagoitia hizo su propuesta apoyado en la investigación realizada por los magistrados de circuito comisionados para realizarla, Ema Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín.

La mayoría de ministros consideró que esa investigación fue insuficiente porque no investigó la participación de Marín y sus relaciones con Kamel Nacif, de quienes, en febrero pasado, se dio a conocer una grabación en la que celebran la detención a la que fue sometida Cacho en diciembre pasado.

En un desplegado publicado hoy, Kamel Nacif reconoció como propias las distintas conversaciones que lo involucran en la denunciada violación a los derechos humanos de la periodista.

El empresario consideró las grabaciones a sus problemas conyugales, a pesar de que se las atribuyó inicialmente a Cacho.

La Corte consideró que, a pesar de la ilegalidad de esas grabaciones, pues violan el derecho a la privacidad establecido en el artículo 16 de la Constitución, la investigación ampliada debe considerarlas como indicios de una acción en la que se involucra directamente a Marín, bautizado por el propio Kamel Nacif en una de esas grabaciones como el “gober precioso”.

Otro de los argumentos para pedir que se amplíe la investigación fue la posible intervención de Marín en el Poder Judicial del estado para facilitar la aprehensión de Cacho en Quintana Roo y su traslado a Puebla, ordenada por una juez que inicialmente había declarado su incompetencia.

Lo que está en juego, dijo el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, es “la defensa de la autonomía e independencia de los tribunales de los estados”, que ha sido una de las jurisprudencias más importantes creadas por la Suprema Corte.

Gudiño fue uno de los principales críticos del proyecto que pretendía desconocer la violación de garantías de la periodista, por lo que el ministro-presidente de la Corte, Mariano Azuela, lo designó como el responsable del nuevo proyecto sobre el juicio.

El nuevo proyecto deberá considerar los alcances que tiene la “prueba irregular” que constituyen las intercepciones ilegales de llamadas telefónicas.

Junto con Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Azuela fue uno de los tres ministros que proponía cerrar el caso, con la declaración de que no existió esa violación.

Se trata de la tercera investigación de su tipo que ordena la Corte, luego de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1997, y de un ametrallamiento ocurrido en León, Guanajuato, durante la guerra cristera.

Al final de la sesión, la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez, declaró a la prensa estar dispuesta a que se le investigue, pues ella forma parte de la supuesta trama en contra de la periodista.

“Tengo pruebas. Nunca recibí instrucciones del gobernador. Los ministros sólo lo presumen, además de que nunca se lesionaron los derechos de Lydia Cacho”, dijo molesta.