MARIN vs. MARIN

Por Raymundo García García

El 20 de marzo del año 2004, al rendir protesta como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, el Lic. Mario Marín, pronunció un compromiso que el tiempo lo encararía de manera pronta, “Ante la presencia de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, que son lo que más amo en la vida, empeño mi palabra de que cuando llegue a ser gobernador en mi equipo no habrá cabida para los corruptos”.

El destino alcanzó pronto al ejecutivo estatal, y ahora la sociedad civil se moviliza, porque unas grabaciones “sin valor probatorio alguno” pero con una contundencia estremecedora, alientan la sospecha de que las cosas no se están haciendo bien y que puede haber actos de corrupción, ante un uso excesivo de la ley y las instituciones. Por ello la sociedad exige hoy día que quienes son sospechosos de corrupción salgan de la esfera pública.

Ya siendo gobernador el Lic. Mario Marín, escribió una obra donde plasma su pensamiento jurídico político: Por una cultura de la legalidad y transparencia, ahí anota “Una añeja y negativa actitud política y social que justifica con pretextos de todo tipo la violación del estado de derecho para beneficiar intereses personales o de grupo”.

Quizá sea el razonamiento descarnado y simplista que lleve a que desde el gobierno se diga que las atrocidades hechas públicas son simples chismes que no merecen ninguna atención, porque el Estado de derecho como discurso, porque la legalidad como discurso no se ven afectados y permanecen intactos. Mientras la realidad cruda se invierta desde el poder y afanosamente se trate de decir que dicha denuncia, es simple deliro faccioso, ensoñación grupal o de intereses partidistas. El gobernador sabe, y por eso lo escribe, que precisamente la violación al Estado de derecho se da, cuando se benefician intereses particulares o de grupo, como parece que hoy sucede.

Respecto de las relaciones entre los poderosos y la aplicación de la ley, el Gobernador se vuelve a enfrentar con él mismo, al escribir “Por desgracia también se alienta la falsa creencia de que la ley defiende al fuerte, quien además tiene dinero y poder político”. Lamentablemente el señor del dinero y destacado empresario Kamel Nacif, allá en diciembre pasado, dio conferencias de prensa en las cuales agradecía al gobernador, el interés en aplicar la ley en Puebla, por supuesto en un tema en el cual el empresario textilero clamaba justicia.

Pareciera que cuando el ejecutivo del Estado escribía su obra, miraba hacia el futuro que rápido le exigiría conducirse como él mismo pensaba que un gobernante democrático y moderno debe hacerlo. Así plasmó lo siguiente “Quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben impulsar acciones tendientes a fortalecer el estado de derecho democrático, el sistema de normas jurídicas que permite una convivencia ordenada, al tiempo que genera las condiciones necesarias para proteger los derechos, la seguridad personal y los bienes de cada uno de los ciudadanos”.

Después de la marcha libre, democrática y ciudadana que se llevó a cabo el pasado domingo, no se puede decir que existen condiciones para que esté garantizada la convivencia ordenada. No puede ser posible que la persona que por hoy encarna al ejecutivo estatal, se sometida a burlas públicas y se diga que no pasa nada; que se le grite en actos públicos, y se diga que reina la convivencia. La gobernabilidad está dañada.

Marín alcanzó a Marín y debe restablecerse la garantía de armonía social, para que el Estado de derecho perviva.