EL PRECIO DEL GOBER PRECIOSO

Proceso

A un año de haber asumido la gubernatura, Mario Marín Torres echó por tierra sus promesas de campaña, entre ellas que haría valer la legalidad y el estado de derecho: Utilizando la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial del estado, persigue a sus enemigos políticos y sirve a los intereses de los empresarios que financiaron su campaña, señala Proceso en su edición 1529 de este 19 de febrero.

Con una carrera política de poco más de 25 años, Marín Torres logró la candidatura al gobierno de Puebla a pesar de que no era la carta del entonces mandatario Melquiades Morales; con todo, logró aliarse con un grupo de empresarios y personajes oscuros que le aportaron dinero para arrancar su campaña tres años antes de que iniciara el proceso electoral.

En su primer año de gestión, Marín Torres silenció a la prensa con dinero y amenazas; sometió al Congreso del estado --donde una aplastante mayoría priista protege sus intereses--, acalló a la oposición y tomó las riendas de la Procuraduría General de Justicia del estado para enderezar acusaciones contra sus adversarios.

De igual forma, el gobernador se sirve de la Policía Judicial del estado que opera para reprimir manifestaciones de inconformidad y, a través de su amigo Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, influye en las decisiones del Poder Judicial para acelerar y retrasar sentencias, amparos y autos de formal prisión.

Organismos defensores de los derechos humanos sostienen que el gobierno de Marín Torres es autoritario y represor. En cambio, los empresarios que financiaron su campaña por la gubernatura reciben contratos de obra pública, pero hasta ellos deben pagar el 10% de “comisión”... supuestamente para que un día el “precioso” llegue a la Presidencia de la República, destaca el reportaje que aparece este domingo 19 de febrero en Proceso.