martes, febrero 21, 2006

EL REY DESNUDO

Por Alberto Aziz Nassif

Otro escándalo, un nuevo episodio en donde el poder queda expuesto, desnudo sin la protección de la confidencialidad. El espionaje telefónico es un delito, pero las revelaciones del secreto mafioso entre el poder económico y el poder político muestran con una gran exposición pública las cañerías pestilentes que circulan por el país.

Un gobernador y un empresario, para su autocomplacencia son un "gober precioso" y "un héroe", Mario Marín y Kamel Nacif. Un gobernador mafioso y un empresario que explota a sus trabajadores. Para la opinión pública y para la ciudadanía son dos personas que abusan del poder para reproducir sus intereses.

Pocas veces los ciudadanos podemos escuchar con tanta claridad los vínculos de corrupción que pueden tejer los intereses: en esas grabaciones escuchamos cómo se subordina la legalidad a los deseos del dinero, se somete a la libertad de expresión a una terrible vejación, se violentan los derechos humanos -como se hizo con la periodista y escritora Lydia Cacho-, se tuercen los procedimientos judiciales y, sobre todo, se hace en la completa impunidad de que gozan las alianzas de intereses del poder político y económico.

Defender a Lydia Cacho es defender la libertad de expresión; pedir juicio político en contra del gobernador Marín es una exigencia en contra de la impunidad; desnudar las redes de corrupción que mueve Nacif para proteger al pederasta Succar Kuri (actualmente detenido en una cárcel de Estados Unidos) es simplemente pedir justicia.

Usar el poder del Estado en contra de los ciudadanos es propio de un régimen autoritario, ese régimen que ahora quiere restaurar el Partido Revolucionario Institucional. Corrupción en el estado de México con Arturo Montiel y abuso de poder en Puebla con Mario Marín, los gobiernos del PRI son una expresión todavía vigente de una herencia que no termina de irse en México y que ahora amenaza con regresar si ganan la elección el próximo 2 de julio, lo cual parece cada vez menos probable.

¿Cuántos expedientes más como el de Marín y Montiel aguantará Madrazo? En lugar de deslindarse, el PRI y Madrazo niegan la evidencia que todo el país conoció el pasado martes 14 de febrero a través de La Jornada y del noticiero de Carmen Aristegui, y protegen a su rey desnudo, a su gobernador que ha caído en desgracia. Días después, los senadores del PRI y sus niños verdes revientan la sesión de la Cámara Alta, mientras los diputados exhortan al gobernador poblano y a su procuradora, Blanca Laura Villeda, a separarse de sus cargos para no entorpecer las investigaciones (EL UNIVERSAL, 17/II/2006).

Las ondas del caso se reproducen y reactualizan viejos pleitos en ataques y agrias descalificaciones, como el que se dio entre Emilio Chuayffet y Miguel Ángel Yunes. Los priístas calculan que todavía se pueden recuperar, pero las evidencias son aplastantes. Encubrir a Marín es prolongar el hundimiento. Días después Madrazo intenta distanciarse de Marín y afirma que el caso tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia, pero ya es tarde, el daño está hecho y la imagen de complicidad ha sellado el expediente.

Tolerar el abuso de El Rey de la mezclilla es dar derecho de piso a la impunidad. El golpe dejó sin aliento a los implicados, después se inició un lento despliegue, Marín dijo que las grabaciones eran "apócrifas"; especialistas aseguran que es la voz del gobernador. ¿Quién le cree al gobernador Mario Marín? Las encuestas muestran que una mayoría opina que debe renunciar al cargo.

El contrapeso que se puede ejercer en contra de los abusos y la impunidad es desnudar al poder, quitarle la secrecía. Si todos los inocentes que están presos en una cárcel tuvieran acceso a los medios, el sistema de impartición de justicia sería diferente. Es aberrante conocer de personas que por robarse unos pesos son condenados a varios años de encierro, otros muchos que son completamente inocentes quedan prisioneros del laberinto judicial, porque no tienen recursos, medios, abogados. En cambio, los delincuentes de peso completo tienen la protección del poder. ¿Cuánto vale la maniobra legal que le hizo Marín a Nacif? Seguramente mucho más que dos botellas de coñac, que sólo fueron una pequeña propina.

Es necesario preguntar quién hizo las grabaciones sobre los poblanos. Si distinguimos el delito del espionaje del delito múltiple de violencia institucionalizada sobre una periodista, hay que tomar en cuenta que ambos resultan peligrosos.

Desnudar al rey implica violentar la legalidad, y no se justifica, pero dejar en la impunidad el acoso y la violación de los derechos elementales de cualquier ciudadano también resulta inaceptable. Parece que estamos frente a un tablero de ajedrez en donde sólo alcanzamos a observar el movimiento de algunas jugadas, pero otras quedan completamente ocultas. Podemos deducir cuáles pueden ser los efectos, pero siempre estaremos como observadores de un juego ajeno y distante, el juego del poder mafioso, ese que se da en las cañerías y los sótanos del sistema político.

Un escándalo como el del Pueblagate se convierte en oro molido en épocas de campaña electoral; Puebla es uno de los territorios necesarios para ganar la elección presidencial. Los aliados tratan de pasar el trago, mientras que los adversarios piden cuentas. Pero la pregunta es cómo detener a esas mafias del poder que atenten en contra de los ciudadanos y además queden en la más radical impunidad. Hay hipótesis que ponen en el tablero de ajedrez el intercambio de expedientes: se ha llegado a afirmar que el destape del expediente de Puebla gravita como respuesta al caso de los Bribiesca, así como antes este último fue moneda de cambio frente al caso de Montiel. ¿Será? Se llega a sospechas de los aparatos de inteligencia del Estado, porque tienen la tecnología para hacer el espionaje. Sería terrible usar la inteligencia del Estado para fines políticos al margen de la legalidad. ¿A quién le interesa desnudar a esta mafia? Resulta una vergüenza nacional conocer el destape de las cloacas y ver cómo se usa el poder en contra de ciudadanos inocentes como Lydia Cacho.

Con el Pueblagate se reactualiza el tema de la relación entre la prensa y el gobierno, entre la libertad de expresión y los derechos de los particulares. En un país con una estructura institucional débil para impartir justicia y para proteger las libertades, es urgente abrir el debate para discutir los delitos de difamación y calumnia, que son motivo para la violencia institucionalizada contra la libertad de expresión. El fondo del problema es la complicada relación entre libertades y derechos. Como lo dijo Ayaan Hirsi Alí, de origen somalí y diputada del Parlamento holandés: "Creo firmemente que este vulnerable empeño llamado democracia no puede existir sin libertad de expresión" (El País, 18/II/200).

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