CONTROL DE DAÑOS

Por Luis Ochoa

El muy apreciable Luis Ochoa ha escrito, el pasado lunes 20, un impecable recuento de las fallidas estrategias de los inteligentísimos secuaces de nuestro gober precioso. Lo transcribo tal cual lo escribió.

PD. A ver si algún gato de gobernación le avisa a Javierín López Zavala, porque éste insiste en que se está haciendo un buen trabajo...

“Lo molesto en las desgracias públicas es que cualquiera se estima competente para hablar de ellas.”
E. M. Cioran

EL TEMA ES INEVITABLE. Por primera vez en la historia moderna de la entidad Puebla está en el ojo del huracán. En nuestro pasado reciente no se había destinado tanto tiempo ni tanta tinta para hablar o escribir de Puebla y de su gobierno.

Debemos aceptar que el tema fue subiendo de tono, aunque en diciembre de 2005 poca gente le prestara atención precisamente por acercarse las fiestas navideñas y el fin de año. Sin embargo, en un giro completamente inesperado, las grabaciones que se han dado a conocer insistentemente en todos los medios nacionales han llevado el caso de Lydia Cacho y Kamel Nacif a linderos que han puesto en predicamento la continuidad de Mario Marín como gobernador.

Es indispensable hacer un análisis objetivo de los hechos desde el 14 de febrero, sobre todo porque nos habla de la manera en que el gobierno del estado trató de hacerle frente al escándalo y los errores que llegaron a cometerse.

En el mundo de la política profesional existe el concepto “control de daños” (Damage Control Procedures), un tema de la ciencia política que sugiere los pasos e iniciativas a tomar ante una crisis, cómo deben actuar los implicados y qué estrategias deberían implementarse para detener el escándalo, disminuirlo, evadirlo o, sencillamente, aceptarlo. La literatura es amplia y con muchos ejemplos, ya que el tema interesó a los politólogos desde el escándalo de Watergate que terminó con la carrera política de Richard Nixon.

En el caso del escándalo en Puebla, la primera estrategia fracasó. Las intervenciones del vocero del gobierno Valentín Meneses (secretario de Comunicación Social) para explicar lo acontecido, no dejaron satisfechos a los medios nacionales. Ante los cuestionamientos Meneses trató de evadir las preguntas de los periodistas y llegó a contradecirse. Se intentó también minimizar el asunto calificando las conversaciones de chismes, de pláticas al calor de la navidad, de algo intrascendente, etc. Para los medios nacionales tampoco estas respuestas eran satisfactorias.

La segunda estrategia resultó terriblemente contraproducente. Desde Puebla y desde la Cámara de Diputados federal (especialmente con Emilio Chuayffet) se dijo que las grabaciones eran ilegales por responder a un espionaje telefónico. El problema era que para el miércoles 15, la idea de espionaje telefónico equivalía a aceptar que las grabaciones eran reales.

Ante tal desliz, la siguiente estrategia consistió en establecer que las grabaciones eran falsas y que la voz, especialmente la del gobernador Marín, era de un imitador o de una composición tecnológica. Hasta el momento, los medios han investigado con peritos al respecto y, según El Reforma (sábado 18 de febrero), no hay duda de la autenticidad de las voces.

Otra estrategia fallida fue enviar a los medios nacionales al gobernador Marín sin haber previsto las consecuencias o establecido un discurso contundente. Primero en su entrevista telefónica con López Dóriga, el miércoles 15 de febrero, el gobernador se desmarcó contundentemente de Kamel Nacif, pero no fue convincente en defender que las grabaciones eran falsas. A la mañana siguiente, en el noticiero de Carlos Loret de Mola, el gobernador fue cuestionado por no haber levantado una demanda contra quien resultara responsable por las grabaciones que él mismo señalaba como falsas, a lo que el gobernador respondió “que eso y nada es lo mismo”, lo que puso en evidencia sus dudas y desconfianza de las instituciones judiciales del país. En el terreno del derecho ya había serios cuestionamientos porque el gobernador usó el término “delincuente” para referirse a Lydia Cacho cuando todavía no era juzgada y su situación jurídica respondía al de una persona indiciada, pero ni inocente ni culpable.

La estrategia más reciente consistió en convocar a una marcha en apoyo del gobernador que, desde la óptica de los medios nacionales, se trató de un acarreo de empleados gubernamentales y de burócratas.

El relato de esta historia cuyas consecuencias apenas vislumbramos deja en claro que en Puebla, el gobierno del estado no tiene un equipo de especialistas en control de daños, en una era en la que la política moderna no puede darse esos lujos.

Abriremos esta semana un nuevo capítulo de la historia. Puebla seguirá siendo el centro de la controversia y lo que aquí ocurra será, inevitablemente, tema nacional. Los medios, los analistas y los partidos políticos de oposición no cambiarán su actuación. Si la estrategia del gobierno sigue siendo la misma y no hay una nueva postura contundente con respecto al escándalo, podríamos ver un final hasta hace dos semanas inimaginable.